Los defensores de derechos humanos le plantean al mandatario carabobeño que se investiguen las denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales y se haga un diagnóstico de la situación de la Policía de Carabobo

La denuncia de más de 200 presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Policía de Carabobo en el año 2021, formulada por la coalición Lupa por la Vida (constituida por Provea y el Centro Gumilla) en marzo pasado, desembocó en un acontecimiento inesperado: la denuncia del gobernador carabobeño Rafael Lacava, por presunta difamación, contra los activistas de derechos humanos Marino Alvarado (Provea) y el sacerdote Alfredo Infante (Centro Gumilla).

El proceso legal que sigue -tal como lo detalló a contrapunto.com el abogado defensor de los activistas, Joel García- incluye una instancia de conciliación. Claro, el primer paso es que a García lo juramenten como defensor técnico, cosa que no ha sucedido.

“La difamación es un delito de acción privada, y en consecuencia, no se maneja a través del proceso ordinario que lleva cualquier delito. En este caso, es una acusación directamente ante el tribunal de juicio, y actúa el acusador (los representantes del gobernador Lacava) ante Marino y el padre Infante”, explica.

Una vez que a García lo juramenten como defensor técnico (cosa que debe suceder porque, de lo contrario, no hay proceso), deberá acudir al tribunal de juicio que admitió la acusación. “Allí, el juez nos dirá la fecha cuando vamos a tener el acto de conciliación o acto conciliatorio. Las partes tratarán de llegar a un acuerdo, y de no llegarse a un acuerdo, vamos a juicio. Previamente cada parte aportará su acervo probatorio”. La parte de Lacava, para demostrar que sí hubo difamación, y la parte de los defensores de DDHH, para reiterar que no se cometió el delito. Que el proceso sea más largo o más lento dependerá del tribunal.

Pero este jueves Marino Alvarado y el padre Infante realizaron una contraoferta al gobernador Lacava: conciliar con justicia. En otras palabras, que se investiguen las denuncias y que el mandatario de Carabobo se convierta en un ejemplo para el país al evaluar qué pasa con la policía de su estado.

Lo que se trabajó en la comisión para la reforma policial, hace cerca de 15 años, quedó en el olvido. “Tenemos que retomar la formación en derechos humanos para los cuerpos policiales. Exigimos a la Defensoría del Pueblo, al señor Alfredo Ruiz, que se tome en serio este tipo de informes. Es el momento oportuno, ante una situación de amenaza del derecho a la vida, la formación y la sensibilización de la policía para resguardar el derecho”, detalla el padre Infante.

Lo otro, enfatizó, es que los familiares de las víctimas “tienen derecho a una investigación para que se conozca la verdad, y que haya justicia y reparación si se verifica la comisión de ejecuciones extrajudiciales”.

“En ningún momento estamos queriendo confrontaciones. Lo que se pueda resolver en negociación, y que esa negociación no alimente la impunidad, sino que alimente la protección de la vida, nosotros apostamos por ella”, subraya el padre Infante.

Seguimos insistiendo al gobernador Lacava en que “este conflicto es una oportunidad”, reitera Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea. “Nosotros tenemos toda la voluntad de sugerir, proponer, dar asistencia técnica para que esos indicadores negativos que ahora tiene puedan mejorar”. Incluso, Uzcátegui le plantea al mandatario que su estado “puede convertirse en un ente modelo de una política regional de derechos humanos”.

Con la Policía de Carabobo, adelanta Uzcátegui, se debería hacer un diagnóstico, y que ese diagnóstico pueda llevar a recomendaciones. “Lo podríamos hacer en conjunto. Además, hay organizaciones que tienen el mandato. La Defensoría del Pueblo debería involucrarse, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas podría participar, porque uno de sus componentes es la cooperación técnica con las autoridades”. En este proceso también deberían sumarse las víctimas, las comunidades y los funcionarios policiales “porque seguramente hay condiciones que atender en material laboral, en materia de condiciones y riesgo”.

Esta es “una enorme oportunidad para el gobernador, y para las organizaciones de derechos humanos. Defender derechos humanos no es delito alguno; más bien, pueden ayudar a que la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo tengan elementos para trabajar, y si el gobernador toma la palabra y depura su policía, sería grandioso. Una nueva gestión para él”, completa Joel García. La respuesta, ahora, está en Carabobo.