El diputado ante la Asamblea Nacional, Antonio Ecarri, ha señalado con firmeza que la principal tragedia que atraviesa el país es la «falta de seguridad jurídica», una condición que impide cualquier intento de recuperación económica seria. Para el dirigente, es imperativo que se detenga la influencia partidista en los tribunales y «que se acabe la metida del PSUV en el Tribunal Supremo de Justicia», con el fin de transitar desde el actual «caos en el sistema judicial» hacia un entorno donde la ley se aplique con imparcialidad.
El líder de la Alianza del Lápiz sostiene que el proceso de renovación «no debe ser simplemente para rellenar» cargos vacantes. Su propuesta se centra en la necesidad de «conseguir nombres de venezolanos que no forman parte de la discusión de los extremos», buscando perfiles profesionales cuya lealtad sea con la Constitución y no con una ideología, logrando así «sacar los partidos políticos del Tribunal Supremo».
Finalmente, Ecarri advierte que el nombramiento de los nuevos magistrados es apenas el «inicio de una profunda reforma» necesaria para sanear las instituciones. Considera que la crisis judicial es un «cáncer» que debe ser extirpado con voluntad política, enfatizando que, sin importar si se aborda de forma «individual o plural», el control militante sobre la justicia es lo primero que «tenemos que sacar» para normalizar la democracia en Venezuela.
