Un grupo de familiares de detenidos poselectorales en Venezuela pidió este miércoles los «buenos oficios» de la Justicia para acelerar la revisión de los expedientes de sus parientes y que se les conceda, «a la brevedad», la «merecida libertad y atención médica».
«Vemos con mucha preocupación que los meses pasan y las liberaciones no llegan. Nos preguntamos por qué. Nuestros muchachos son inocentes. No hay ningún sustento probatorio que justifique los graves delitos de los que los están acusando. Nuestros muchachos no son terroristas», afirmó Martha Lia Grajales a las afueras del Palacio de Justicia, en Caracas.
Los familiares se concentraron para entregar un documento en el que solicitan una audiencia para informar sobre «las graves violaciones al debido proceso y al derecho a la defensa», así como «las difíciles condiciones de reclusión» en las que aseguran se encuentran los detenidos poselectorales.
En el escrito, se recuerda que, tras las presidenciales del 28 de julio de 2024, hubo cerca de 2.400 detenciones en contexto de protestas luego de que el ente electoral, controlado por rectores afines al chavismo, proclamara la reelección de Nicolás Maduro, un resultado que la mayor coalición opositora denunció como fraudulento.
Para los familiares, «la inmensa mayoría de las personas que fueron detenidas no se encontraban cometiendo ningún delito en flagrancia, ni existió sobre ellas ninguna orden judicial».
Además, subrayaron que, incluso, un «gran número» de los detenidos «ni siquiera se encontraba participando» en las protestas y, tras su arresto -agregaron- varios «fueron víctimas de desapariciones forzadas de corta duración» al asegurar que «las autoridades policiales negaron de manera sistemática información sobre el lugar en el que se encontraban» sus parientes.
Los familiares denunciaron que sus seres queridos no tuvieron «la posibilidad de nombrar a sus defensores de confianza» y «muchas audiencias» de presentación se realizaron por «vía telemática y colectiva», sin «la debida individualización de los hechos atribuidos a cada persona detenida».
«Durante la fase de investigación, (los defensores públicos) promovieron pocos o ningún medio probatorio a favor de las personas a quienes, en teoría, les corresponde defender», afirma el escrito.
Los familiares también denunciaron «indignas condiciones de reclusión» en la cárcel de Tocorón, ubicada en el estado Aragua (norte), ya que -agregaron- «siguen persistiendo casos de castigos físicos».
Además, alertaron sobre «enfermedades contraídas en prisión como dengue, infecciones urinarias y gastritis» y añadieron que «muchos» de los detenidos «presentan síntomas de deterioro de su salud mental: depresión, ansiedad, trastornos del sueño, intentos de suicidios».
Al respecto, Grajales pidió exámenes médicos para los detenidos que se están enfermos y que se les concedan «medidas humanitarias».
Del total de los más de 2.400 arrestados poselectorales, la Justicia ha excarcelado a 2.006 con medidas cautelares, según informó la Fiscalía, que afirma, al igual que Maduro, que en Venezuela no hay presos políticos, sino personas que cometieron diversos delitos.
