El sector minero unificado del estado Bolívar emitió un manifiesto público dirigido a la presidenta de de Venezuela, Delcy Eloína Rodríguez, en el que denuncian la parálisis de sus operaciones operativas y operativas, señalando directamente un esquema burocrático y de asedio en las zonas de extracción. De acuerdo con el documento presentado por los voceros, la situación responde a un entramado de «extorsión, atropellos y parálisis operativa respaldado por la burocracia y el silencio administrativo del Ministro de Desarrollo Minero Ecológico y presidente de la CVM, Héctor Silva».
Dentro de las irregularidades centrales detalladas en el pronunciamiento, los trabajadores del gremio apuntan hacia la parálisis intencional del Registro Único Minero (R.U.M.) a través de las plataformas digitales SIGDME y SIGME. Según afirman en el texto oficial, «la plataforma oficial del Registro Único Minero permanece bloqueada intencionalmente desde 2023 bajo el pretexto de una ‘migración de datos’, convirtiendo un trámite legal en una red de cobro de vacunas y extorsión», obstáculo que les impide mantener su documentación al día.
Denuncian hostigamiento armado y afectación a los ingresos del BCV
A la par de las fallas del sistema administrativo, las organizaciones mineras alertan sobre el despliegue de fuerza en el territorio por parte de efectivos de las Unidades de Resguardo Minero y del GPMO. Los representantes manifestaron que los «mandos locales utilizan recursos y armas del Estado para amedrentar a trabajadores desarmados e incautar mineral de manera ilegal», situación que agrava el clima de inseguridad laboral y personal en las zonas de trabajo del estado Bolívar.
Los denunciantes advierten también que esta traba deliberada en la entrega de autorizaciones, contratos y actas oficiales impacta de manera directa en las finanzas del país. Según expresan en la misiva, el bloqueo a la producción legal interrumpe el flujo formal de recursos, «impidiendo que el oro llegue directamente al Banco Central de Venezuela (BCV)», lo cual afecta tanto al Estado venezolano como a las comunidades que dependen del ejercicio regularizado de la actividad minera.
Exigen mesa de diálogo presidencial e investigar a las mafias regionales
Ante esta coyuntura, el sector minero de Bolívar estructuró un pliego de peticiones dirigidas al Ejecutivo Nacional para restablecer las operaciones legales. Entre las exigencias principales destaca la instalación de una «Mesa de Diálogo Presidencial Directa» mediante la creación de «mesas técnicas presenciales e inmediatas en Caracas con los representantes legales del sector afectado para destrabar la burocracia», permitiendo un canal de comunicación directo sin intermediación regional.
Finalmente, los voceros solicitaron la intervención civil y tecnológica de la plataforma SIGDME y SIGME para regularizar la emisión de registros sin condicionamientos económicos ilícitos. Asimismo, exhortaron a las autoridades competentes a iniciar una «investigación penal para encarcelar a las mafias regionales que usan las armas del Estado para amedrentar a las comunidades mineras», con el fin de restituir el orden legal en las zonas de extracción de la entidad.
