Devolver las tierras y empresas expropiadas, indemnizar a los productores afectados y simplificar los trámites son algunas acciones que propone el presidente de la Red por la Defensa al Salario, la Propiedad y la Constitución / Texto y fotos: Vanessa Davies
En Venezuela continúa el Estado empresario. Es lo que concluye Vicente Brito, presidente de la Red por la Defensa al Salario, la Propiedad y la Constitución. Su punto de partida es el último lugar que ocupa Venezuela en el índice de libertades económicas del Instituto Fraser.
«En la libertad económica se destacan el estado de derecho, la protección de los derechos de propiedad, una moneda estable, la apertura del comercio y un marco regulatorio que no trabe el intercambio de los mercados. Aquí hay 14 o 15 imposiciones parafiscales y fiscales, impuestos municipales, bomberos, Inces, Seniat», enumera Brito. «Cada uno de ellos acarrea multa: si no tienes el documento respectivo, te ponen una multa de hasta mil dólares. Una pequeña empresa, ¿cómo paga mil dólares? ¿Se queda a lo Jalisco para que la sigan multando, o cierra? Al multar a una empresa por encima de su capacidad de pago, automáticamente la informalizas, desaparece y eso es lo que estamos observando en este momento».
Para el presidente de la red, un índice de libertades económicas negativo desanima a los inversionistas. «Ese índice de libertades económicas lo ven las grandes inversionistas para venir aquí a hacer cualquier tipo de inversión ¿Cuáles son los factores que más limitan? La propiedad privada, los derechos de propiedad, y no solamente porque una alcaldía, el gobierno nacional o cualquier organismo público pueda tomar una decisión sobre tu activo, sino porque cuando recurres a tribunales, consigues un sistema judicial en el que tu gestión reivindicatoria no procede».
Hay, en su criterio, «una indefensión total, como lo hemos observado con toda la cantidad de afectaciones que se han llevado a cabo a través de la ley de tierras: más de 5 millones de hectáreas; más de 7 mil fincas, hatos o haciendas ocupadas parcial o totalmente».
Como lo resalta, «en el año 2026 teníamos una expectativa de cambio económico, de modificaciones de ley, pero no hemos avanzado porque se mantiene el Estado empresario, se mantiene el mismo esquema del socialismo siglo XXI en todos los niveles del sector económico, productivo y comercial».
-¿En qué ve que se mantiene ese esquema del socialismo del siglo XXI?
-En la cantidad de empresas públicas ineficientes. Ahorita hemos visto cómo el gobierno pretende hacer una campaña de que se está recuperando, que si Termozulia, el Guri, y para nuestro punto de vista estos son simplemente mecanismos publicitarios para justificar la situación actual. Todos sabemos que no es el hecho de que tú repares una planta, sino el estado de deterioro por falta de inversión y por falta de mantenimiento de todo el sistema eléctrico nacional, empezando por las hidroeléctricas y concluyendo con las termoeléctricas. Tacoa formó parte de Electricidad de Caracas, se le dio suministro a toda la Gran Caracas, Guarena, Guatire, La Guaira y Caracas, no hubo en el pasado corte de servicio, había para los barrios tarifas populares y la gente tenía su servicio eléctrico permanentemente. Aparentemente ahorita van a recuperar 600 megavatios con una inversión, pero ¿cómo se justifica todo eso? Si se habla de que se invirtieron en los últimos 15 años entre 35 a 45 mil millones de dólares en mejoras del servicio eléctrico, ¿a dónde fueron y en qué parte se invirtieron? Pasamos de producir 17.000 a 18.000 megavatios, a los menos de 12.000 que producimos actualmente. Es decir, haciendo unas inversiones tan inmensas el servicio se ha deteriorado; simplemente, porque no se realizaron.
Devolver lo expropiado
-Doctor Brito, ¿qué medidas piensa usted que habría que tomar en este momento?
-Primero que todo la propiedad privada tiene que ser respetada. Las expropiaciones que se hicieron y no se compensaron tienen que ser devueltas. En caso de que el Estado las requiera por necesidad social o utilidad pública, que se les cancelen, y además se indemnice por los daños causados a esas empresas y a esas propiedades que fueron ocupadas y tomadas por el gobierno.
-¿Cuántas habría que devolver?
-He planteado devolver aquellas que no tengan ningún tipo de función. Estimamos que han sido afectadas total o parcialmente en el sector rural alrededor de siete mil propiedades más o menos.
-¿En cuánto estima la afectación?
-Las afectaciones que nosotros estimamos a los propietarios privados a quienes no se les canceló ningún tipo de indemnización o compensación por la ocupación de sus propiedades son de entre 50 y 60 mil millones de dólares. Además, lo más preocupante es que la cantidad de dinero que el Estado o el gobierno invirtió en esos proyectos, en aquellas tierras que fueron tomadas para producir más barato y para exportar, y esos proyectos están abandonados, todo ese dinero se perdió. La planta de soya en El Tigre costó 1.200 millones de dólares. ¿Cuánto costó realmente? Muy por debajo. O el Central Azucarero Ezequiel Zamora, en Barinas, para casi tres mil millones de dólares. Dos proyectos que están abandonados.
-¿Que haría usted con esos dos proyectos, doctor Brito?
-Recuperarlos. El problema que observamos es que muchas de las cosas que se adquirieron, muchos de los equipos no fueron adquiridos de la manera más conveniente o transparente, y con perjuicios muy preocupantes de patrimonio nacional y prejuicios muy preocupantes a quienes supuestamente, entre comillas, iban a ser beneficiados.
-¿Qué más se necesita para recuperar las libertades económicas?
-Primero que todo, que los tribunales funcionen, que se le dé al tribunal la independencia, que se le dé al sistema judicial la independencia necesaria para que se tomen decisiones en función de las leyes que tenemos. Usted no puede tener una propiedad, llámese un inmueble, una casa, un apartamento cualquiera; que venga cualquier organismo público y tome una decisión sobre lo que usted posee y que el tribunal le permita a usted acudir a esa instancia, denunciar el atropello y resultar beneficiado, porque la ley le da la razón.
Exceso de trámites
-Usted hablaba de los trámites. Dice que hay que simplificarlos.
-Somos un país con exceso de trámites, y no solamente trámites para arrancar una empresa, sino trámites para sostener la empresa. Buena parte de los cierres de las empresas se ocasionan por las multas y por los excesos de impuestos. Muchas veces los costos más altos que tiene una empresa son los impuestos que está cancelando, los servicios públicos; las tarifas de aseo urbano, de electricidad, de agua. Todo se lo cobran a las empresas privadas que son las que están cancelando.
-¿Qué haría con las tarifas?
-Tienen que ser revisadas. Primero que todo, muchas de esas empresas de servicios públicos tienen que ser privatizadas y adecuarse a la realidad. Usted paga y no recibe la compensación de un servicio eficiente. Yo estoy convencido de que en la medida que usted pueda pagar su servicio para tener un servicio de calidad, funciona bien todo, pero lamentablemente no es la situación que tenemos en este momento en el país.
-¿Hay espacios para hacer estos planteamientos, doctor Brito?
-No. Yo escucho a veces a los organismos empresariales haciendo planteamientos, petitorios. Hace poco, Fedecámaras manifestó de nuevo su preocupación por los excesivos impuestos municipales que están prácticamente afectando a buena parte del sector empresarial privado. Lo ha hecho como 10 veces en lo que va de año. El tema de la propiedad privada se ha venido planteando, pero observamos ahorita una estrategia de los consejos comunales que prácticamente tienen la facultad para ocupar una empresa, ocupar una tierra.
-¿Está ocurriendo eso en este momento?
-La ley de tierras sigue vigente. Lo más preocupante es que ya no se aplica en hacienda, en finca, sino en terrenos urbanos. Entonces van a apropiarse de terrenos de alto valor. Esa es la situación que tenemos en este momento.
