La delegación de Venezuela ante las Naciones Unidas en Ginebra defendió este viernes las mejoras en la situación de derechos humanos en el país desde principios de año, como la ley de la amnistía o la liberación de hasta 8.743 detenidos, y pidió que la Misión Internacional Independiente de investigación de la ONU para su país, creada en 2019, no extienda su mandato.
«Ese mecanismo, establecido y prorrogado sin el consentimiento ni la cooperación del Estado venezolano, ha suscitado serias preocupaciones en cuanto a subjetividad, imparcialidad y no selectividad«, afirmó el ministro consejero de la Misión de Venezuela ante la ONU, Enzo Bitteto, en una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
El representante venezolano hizo esta petición después de que la citada misión presentara al Consejo un informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, en un año marcado por la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, un documento donde se reconocen algunas mejoras pero se subraya que las principales estructuras de represión continúan «intactas«.
Ése y otros informes de la misión, que con anterioridad ha acusado a altos cargos venezolanos de crímenes de lesa humanidad, «se sustentan en fuentes secundarias y terciarias y en metodologías que a juicio de nuestro país plantean interrogantes», agregó Bitteto.
La nueva presidenta de la misión investigadora, la experta peruana Sofía Macher, recalcó hoy ante el Consejo que no han encontrado indicios suficientes «de una ruptura genuina y sostenible respecto al Gobierno del presidente Maduro y los patrones de represión que caracterizaron ese periodo».
«Quizá la mayor expresión de que el aparato represivo sigue funcional y continúa afectando la toma de decisiones de alto nivel en el país es la continuidad de los actores y perpetradores de la represión en la jerarquía civil y militar», agregó la presidenta de la misión de tres expertos.
Macher sí reconoció una disminución significativa en las detenciones arbitrarias por motivos políticos, o de las desapariciones forzadas, aunque señaló que han aumentado los arrestos de corta duración y recordó que se siguen denunciando casos de tortura en varios centros de detención mientras cientos de personas siguen detenidas por motivos políticos.
«Venezuela tiene la oportunidad de avanzar hacia un cambio real. Un cambio sostenible en la situación de los derechos humanos, y un verdadero progreso en la restauración del estado de derecho y de la gobernanza democrática, requieren una reforma de las instituciones y leyes vinculadas a la represión política de la última década», concluyó la experta peruana.
