El Gobierno de Cuba oficializó este lunes su profunda reestructuración del Ejecutivo en la isla y fijó en 20 el número de ministerios (incluyendo el Banco Central), una medida que busca «atemperarse a la crisis que sufre el país«.
Con la publicación en esta jornada de la Ley 186 «De Organización de la Administración Central del Estado» en la Gaceta Oficial de la República y que entrará en vigor siete días después, se reduce, reordena y fusionan diversas carteras estatales en un intento por recortar estructuras.
El cambio institucional consolida actividades previamente repartidas en distintas entidades y ministerios independientes para dar paso a entidades como el nuevo Ministerio de Economía y Finanzas, el de Agricultura y Alimentación; Comercio e Inversión Extranjera; Ministerio de Cultura; y Ministerio de Deportes y Recreación.
También estarán el Ministerio de Educación; y el de Educación Superior, Ciencia e Innovación; así como el Ministerio de Energía y Minas; el de Industrias y la Construcción; y el de Información y Comunicación Social.
Se suman el Ministerio de Comunicaciones, el de Justicia; Medio Ambiente, Hábitat y Recursos Hidráulicos; además del Ministerio de Relaciones Exteriores; el de Salud Pública; de Trabajo y Seguridad Social; de Turismo; de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el del Interior; y el Ministerio del Transporte.
Junto a estos 20 ministerios, «el Banco Central de Cuba (BCC)» conserva su rango y condición como «un organismo de la Administración Central del Estado, dirigido por un ministro-presidente», puntualiza la normativa.
La ley señala, asimismo, que los ministros y el ministro-presidente contarán con un plazo de 30 días naturales a partir de la entrada en vigor de esta norma para presentar a la firma del primer ministro de la isla, Manuel Marrero, «los cronogramas de trabajo» y estableció un periodo de transición de hasta un año para ejecutar los traspasos organizativos y redistribuir los recursos humanos, materiales y presupuestarios.
Esta reforma, incluida en la Ley de Organización de la Administración Central del Estado, va en línea con el paquete, aprobado en junio, de 176 transformaciones para liberalizar y descentralizar la economía, el mayor proceso de transformación económica emprendido por Cuba desde el triunfo de la revolución en 1959.
El primer ministro, Manuel Marrero, argumentó en abril pasado que se trataba de «un proceso complejo, pero necesario», debido a la «situación tan compleja» que atraviesa la isla, inmersa en una crisis estructural y agravada este año por el bloqueo petrolero impuesto por EE.UU. y las sanciones secundarias para que La Habana introduzca profundas reformas económicas y políticas.
«Un país pequeño, un país con una situación tan compleja, no puede tener una estructura tan grande, tanta burocracia, lo cual hace que los procesos no sean eficientes, por lo que requieren un diseño diferente», señaló.
