Los bonos que entrega Maduro son inauditables, afirma la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela. “La migración también es efecto de la corrupción” en la medida en que una persona sin servicios decide mudarse dentro de Venezuela o fuera de ella. «El presupuesto de la nación es un absoluto secreto. Nosotros llegamos a pensar que ni siquiera existe, y que gastan “como va viniendo vamos viendo”, asegura.
Para Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, solo 0,9% de la emergencia humanitaria no es culpa de la corrupción. Todo lo demás -99,9%- sí es responsabilidad de la práctica de tomar el erario público como si fuese una cuenta bancaria personal.
-¿Qué tanto de la emergencia humanitaria que vivimos se debe a la corrupción?
-Para nosotros el 99,9% de la crisis humanitaria. Nosotros hemos estado evaluando qué ha pasado en cada uno de los sectores que están en crisis en el país en este momento. Por ejemplo, el sector eléctrico: no tenemos luz en Venezuela, la que tenemos es de pésima calidad y con poca regularidad. Si nosotros vemos qué pasó en el sector eléctrico ya desde el presidente Chávez se declaró la emergencia eléctrica en 2010. Tuvimos que bajar las horas de trabajo, se concentró todo el poder en Corpoelec a la espera de que eso fuese una salida. Sin embargo, ese monopolio de un servicio público tan importante, como todo monopolio hay más incentivos a la corrupción, porque no hay rendición de cuentas, no hay contrapesos, no hay acceso a la información. No hay ni siquiera la posibilidad de protestar por un contrato transparente y licitaciones abiertas. Eso fue lo que hizo Corpoelec: se comportó como una organización monopólica, que tenía la posibilidad de aprovecharse. Se firmaron 40 contratos; entre ellos, algunos famosos, como Bolichicos, Derwick, las barcazas, Odebrecht, Tocoma…
-¿No tenemos luz por la corrupción?
-Totalmente. Esos 40 contratos, que eran grandes obras, si nosotros tuviésemos todo eso hoy día no tendríamos este problema de electricidad. Y así lo vemos en salud y lo vemos en alimentación. Se creó la Misión Alimentación, se creó el Ministerio de Alimentación, que solo existe en Venezuela. Todos los ministros han sido militares, y ese es otro elemento que inunda la corrupción. Los militares no es que sean malos per se, sino que tienen una formación distinta y están preparados para hacer otra cosa: la defensa del Estado y otro tipo de cosas.
De Freitas, menciona también Cadivi, los otros mecanismos de control de cambio implementados. “Así te puedo presentar los casos de todos los sectores que hoy están en crisis”, enfatizó.
Por ejemplo, el transporte. “Odebrecht tenía 40 contratos. 19 de esas grandes obras están paradas: Línea 5 del Metro, sistema Guarenas-Guatire. Son obras que harían mucha falta para resolver el problema del transporte en todo el país”, insiste.
-¿Qué pasa con las misiones?
-En este momento las grandes misiones, como alimentación, Vivienda, están detenidas, no hay inversión en ellas, no se ve actuación. Eso se paró fundamentalmente después de 2012. En 2013 recuerdo la carta del exministro Jorge Giordani que dijo que el presidente Chávez quebró el país con la Misión Vivienda para ganar elecciones. No tenemos ninguna información realmente válida y completa de en dónde se gastaron esos 60 mil millones de dólares que al parecer se invirtieron en la Misión Vivienda, porque el problema de la vivienda sigue allí, la gente no vive mejor. Al revés: sabemos que hay una relación perversa entre pobreza y malos servicios, y los que tienen peores servicios son las personas que tienen menos recursos. Lo que nosotros sí hemos visto es que las misiones se han cambiado por una cantidad de bonos, y hay una larga lista de bonos, son como 30, dependiendo del hito histórico del momento.
-¿Qué consecuencias tienen estos bonos?
-Primero, que no se sabe si el dinero va dirigido a las personas que lo necesitan. Sabemos que mucha gente necesita con urgencia apoyo para sobrevivir, pero todo ese dinero que se gastó en misiones es para resolver el problema de hoy, se destruye la capacidad productiva, la posibilidad de un empleo digno y de obtener bienes a un precio que puedas pagar. Los bonos son montos muy pequeños, no resuelves una buena compra para una familia de cinco personas, pero cuando lo recibes te alivia un poquito.
-¿Es un desorden?
-Es un desorden. No se sabe cuánto, ni cómo. Hay un vínculo muy estrecho entre los bonos y el carnet de la patria, que tiene un uso político. ¿A quién le pagan? ¿Cómo le pagan?
-No hay cómo auditar.
-No hay cómo auditar. Los bonos son inauditables. Pero además hay otro elemento importante. Todos sabemos cómo están viviendo nuestros adultos mayores. Los bonos que les dan no les alcanzan para vivir.
Muchos abuelos están solos por la migración forzada, subraya De Freitas. “La migración también es efecto de la corrupción” en la medida en que una persona sin servicios decide moverse dentro de Venezuela o fuera de ella.
Pero hay tantas cosas inauditables en el país, señala, “porque no hay nada de información; no hay ni siquiera presupuesto”.
-¿Qué pasa con el presupuesto 2019 y el 2020?
-Es un absoluto secreto. Nosotros llegamos a pensar que ni siquiera existe, y que gastan “como va viniendo vamos viendo”. Ya en 2017 fue un desastre y complicado conseguir el presupuesto. El de 2018 lo conseguimos en junio y por los “caminos verdes”. En 2019 solo conseguimos unos títulos y unas hojitas de gasto, pero no nos da una idea de lo que pasó. Nosotros hacemos seguimiento al presupuesto por los créditos adicionales, que algunos los publican en la Gaceta Oficial; otros los publican cuatro o cinco meses después, con lo cual tener una información es muy difícil. Pero no tenemos el presupuesto que nos diga: Para salud hay tanto. Nosotros perdimos la pista del presupuesto por proyectos, que es como debe ser, como dice la Constitución. Los créditos adicionales no dan información de a dónde van. Se sabe el monto, pero no se sabe de dónde viene ese dinero, cómo se va a distribuir.
-¿No tenemos idea del presupuesto para 2020?
-Nada. Y a esta altura el presidente tenía que haber presentado al Parlamento el proyecto de ley de presupuesto, para que el Parlamento, en un país normal, actúe. El Parlamento debe tener dos meses para discutir y negociar, y pedir que se aumente o se disminuya. Esa discusión en Venezuela ni siquiera se da. Lo que ha pasado es que el presidente lleva eso al TSJ y este año ni siquiera dijo el monto. Es una situación precaria institucionalmente.
