Caficultores solicitaron ante la AN la revisión de estructuras de costos y tarifas sustentables

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El Comité Nacional de Defensa de la Caficultura solicitó ante la Asamblea Nacional (AN) que se lleve a cabo una revisión de las estructuras de costos del sector, así como apoyo en cuanto a la fijación de precios sustentables, luego de que las comercializadoras e intermediarios fijaran cotizaciones «unilateralmente».

Dicha organización agrupa a productoress cafetaleros de los estados Portuguesa, Lara, Trujillo, Mérida, Táchira, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Barinas y Yaracuy, donde se cosecha un porcentaje importante de la producción nacional.

Bajo este orden de ideas, señalaron que las familias caficultoras se encuentran sujetas a precios «fijados unilateralmente por la cadena de comercialización e intermediación», los cuales «cotizan sistemáticamente por debajo de las estructuras de costos reales».

Asimismo, los voceros explicaron al portal especializado Minuta Agropecuaria que los costos operativos de este rubro han sufrido incrementos desproporcionados en rubros críticos como fertilizantes, combustibles, insumos fitosanitarios, fletes y mano de obra.

De acuerdo con el Comité, en el texto consignado ante la AN se respaldaron las exigencias en los artículos 1, 4, 15, 20 y 22 de la Ley para el Fomento y la Promoción del Café, los cuales establecen que la actividad comercial debe garantizar la justicia social, un nivel de vida digno y la protección económica del productor ante las variaciones de insumos.

Además, solicitaron que se promuevan mecanismos de fiscalización para que los beneficios económicos de la oferta exportable del grano «impacten de forma directa y equitativa al productor primario, quien asume el mayor riesgo, costo y esfuerzo técnico en la cadena».

Los representantes del Comité Nacional de Defensa de la Caficultura también pidieron la instalación inmediata de una Mesa Técnica Parlamentaria para presentar y desglosar los gastos reales del ciclo productivo, además de exigir la emisión de un exhorto institucional dirigido al Ministerio de Agricultura Productiva y Tierras y a la Corporación Venezolana del Café (CVC) para establecer un precio base de sustentabilidad, sumado a la creación de un esquema de fiscalización sobre las exportaciones que garantice retornos e incentivos justos a las comunidades caficultoras de origen.

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