Adriana de Godoy, esposa del colaborador de la plataforma digital Punto de Corte, Ángel Godoy, denunció este viernes la arbitrariedad de su detención y la falta de debido proceso, durante un acto en apoyo a presos políticos y comunicadores perseguidos en Venezuela, que se llevó a cabo en la sede del Colegio Nacional de Periodista en Caracas.
Detención arbitraria y proceso judicial en el limbo
Godoy, redactor y fotógrafo con más de cinco años de trayectoria en el medio digital, fue arrestado el 8 de enero y cumple 178 días en prisión sin que se le hayan presentado cargos formales. «Aún desconocemos las razones de su detención. Exigimos el respeto a sus derechos constitucionales», declaró Andreína, quien reveló que el caso ni siquiera ha sido asignado a un tribunal.
La situación se agrava por los constantes cambios en el proceso: «Hasta nos notificaron un cambio de defensor público. Por eso debemos estar pendientes día a día», explicó, mientras relataba sus visitas al Palacio de Justicia para buscar avances.
«Mi hijo sueña con que su padre esté en su graduación»
Con lágrimas y mucha tristeza, Andreína compartió el dolor de su familia, especialmente el de su hijo adolescente, quien se graduará de bachiller el 31 de julio sin su padre.
«Es un niño maduro que entiende la situación, pero guarda la esperanza de que Ángel esté con nosotros ese día», dijo. Mientras tanto, las visitas semanales son su único consuelo: «Le damos tiempo de calidad, lo animamos a leer y entrenar. Hacemos que sienta que no está solo».
Solidaridad entre familias de presos políticos
La esposa de Godoy destacó la red de apoyo entre familiares de detenidos: «Todos nos abrazamos porque compartimos la misma historia». Pidió fuerza para quienes siguen tras las rejas y confió en que su liberación será pronto: «Esto es transitorio. Sé que Ángel saldrá».
El caso de Godoy se suma a los de al menos 20 periodistas y trabajadores de medios encarcelados en Venezuela, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP). Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y IPYS han alertado sobre el uso de la justicia para criminalizar la libre expresión en el país.
