Este viernes, distintos gobiernos de América compartieron un comunicado en el que rechazan «categóricamente» el anuncio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que ratificó los resultados electorales que ubican a Nicolás Maduro como presidente electo.
«Los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay rechazamos categóricamente el anuncio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que el día de ayer indicó haber concluido una supuesta verificación de los resultados del proceso electoral del 28 de julio, emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), y que pretende convalidar los resultados sin sustento emitidos por el órgano electoral».
En la misma línea, la misiva recuerda que los países implicados «ya habían manifestado el desconocimiento de la validez de la declaración del CNE, luego de que se impidió acceso a los representantes de la oposición al conteo oficial, la no publicación de las actas y la posterior negativa a realizar una auditoría imparcial e independiente de todas ellas».
El comunicado advierte que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela «alertó sobre la falta de independencia e imparcialidad de ambas instituciones, tanto del CNE como el TSJ«.
«Los países que suscriben reiteran que solo una auditoria imparcial e independiente de los votos, que evalúe todas las actas, permitirá garantizar el respeto a la voluntad popular soberana y la democracia en Venezuela«, agrega.
En el comunicado se insiste en que, al igual que el resto de la comunidad democrática internacional, «continuaremos insistiendo en el respeto a la expresión soberana del pueblo venezolano que el pasado 28 de julio se pronunció de manera pacífica y contundente».
«En igual sentido, expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo por las violaciones a los Derechos Humanos perpetradas contra los ciudadanos que pacíficamente reclaman el respeto al voto de la ciudadanía y el restablecimiento de la democracia», finaliza.
