Romel Guzamana es uno de los tres diputados desproclamados de Amazonas. A pesar de la nulidad declarada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre el acto de proclamación en 2016, Guzamana sigue asistiendo a las sesiones de la Asamblea Nacional.
Para ir de Puerto Ayacucho a Caracas, Guzamana sale un día antes. Las sesiones del Parlamento son todos los martes, ya el miércoles va de regreso nuevamente si no tiene otro compromiso en Caracas. El recorrido que debe hacer el parlamentario por vía terrestre no es fácil, según su relato; cuenta al menos 20 alcabalas que debe sortear en cada viaje y de las que dice no identificarse como Diputado, por seguridad.
«No es fácil, el efectivo en Amazonas es difícil de conseguir, creo que más que en otros estados. Aquí no existe el bolívar, lo que existe es el peso. Para ir a Caracas pasamos por más de 20 alcabalas donde es un riesgo identificarme como Diputado. La Guardia Nacional no es de fiar, te paran y te revisan todo».
Guzamana argumenta que sigue asistiendo a la AN por el compromiso con los habitantes de Amazonas que votaron por él, en las elecciones parlamentarias de 2015, electo para la representación indígena, junto a Virgilio Ferrer y Gladys Guaipo.
En 2015, el TSJ emitió la sentencia Nº 256 contra los resultados de las elecciones, ante un recurso interpuesto por Esteban Pérez, ex candidato a la representación indígena por el PSUV.
A Guzamana no le da buena espina el regreso de la llamada «fracción de la patria». Para el militante de Voluntad Popular (VP), ese retorno, con la excusa de que van «a sacar del desacato a la AN», es un argumento «malicioso» y «mentiroso» que tiene el posible objetivo de hacer creer a la opinión pública de que es verdad el tema del desacato interpuesto por el TSJ en su sentencia Nº 260.
«Los diputados de Amazonas no estamos en desacato, la AN no está en desacato. solo estamos firmes, para que esto se acabe lo más pronto posible».
Guzamana es parte de la comunidad indígena Baniva, de la zona Maroa, de Amazonas. Desde que los Diputados chavistas se reincorporaron al Parlamento, asegura que no ha tenido «ningún tipo de interacción» con ellos.
La decisión del TSJ sobre los resultados de Amazonas, que lleva cuatro años sin resolverse, ha perjudicado gravemente al estado fronterizo con Brasil.
«No tenemos hospitales funcionando en la frontera. Los indígenas se están yendo a Colombia donde tampoco viven con buenas condiciones. Las guerrillas los están reclutando, las escuelas son tomadas también. Todo eso afecta. Eso ha provocado que la población indígena vaya a un quiebre, sin tierras, sin navegación fluvial, sin condiciones de vida. Sin alimentos ni trabajo».
El abogado, egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), asegura estar haciendo un trabajo organizativo en Amazonas, con el fin de hacer frente al abandono que denuncia, por parte del Gobernador del Estado, Miguel Rodríguez, quien fue electo Diputado en 2015, y de quien afirma, ni siquiera vive en el estado que gobierna.
«Amazonas nos estamos organizando, presentando proyectos, identificando los problemas, que son muchísimos. Nos encomendamos a Dios, porque primeramente Dios para salir adelante. Amazonas está en desidia, totalmente abandonado; Las comunidades indígenas abandonadas, los municipios abandonados. No contamos con los servicios públicos; aquí la luz, el agua son servicios precarios. Aquí no hay representación del Gobierno, porque el supuesto gobernador lamentablemente ni vive en Amazonas y quien abandonó a los trabajadores de la gobernación».
Ese abandono gubernamental que denuncia Guzamana, afecta, según su testimonio, perjudica directamente a los trabajadores de la Gobernación, cuya entidad estatal es la principal fuente de empleo de Amazonas.
El Diputado desproclamado, es enfático en denunciar que los trabajadores de la Gobernación la están pasando mal, con sueldos de 40 mil bolívares y para los obreros; 8 mil bolívares semanales. Con su trabajo político, dice estar organizando huelgas y marchas como forma de pedir reivindicaciones laborales para los afectados.
Sobre una posible celebración de elecciones parlamentarias antes de tiempo, las cuales, según la Constitución, deberían llevarse acabo en diciembre de 2020, y que el gobierno del mandatario Nicolás Maduro, ha asomado un posible adelanto, dice que participaría, solo si existen las garantías suficientes.
«Estaría dispuesto a participar en las parlamentarios siempre y cuando sean bajo condiciones libres y democráticas, con un CNE nuevo y una conducción renovada y con el registro electoral actualizado. Si nosotros aceptamos ir a unas elecciones con maduro y con el mismo CNE sería un nuevo fracaso nacional».
