El exrector de la USB y la UNimet llamó a debatir sobre la elección de autoridades universitarias. «La universidad no existe para satisfacer los intereses de los profesores, ni los intereses de los estudiantes, ni los intereses de los trabajadores de la universidad; la universidad existe para satisfacer los intereses de la sociedad», sostuvo / Texto y fotos: Vanessa Davies
«Lo que quiero plantear son los retos que tenemos por delante para la discusión de una nueva Ley de Universidades en Venezuela», dijo, de entrada, el profesor Benjamín Scharifker, exrector de la UCV y de la Unimet, al inicio de su intervención en el foro sobre la nueva forma que organizó este jueves el Rectorado de la UCV.
En primer lugar, sentenció, «para que nosotros podamos hacer una discusión racional de una Ley de Universidades, tenemos que tener un Estado que sea viable, un Estado que tenga un Poder Ejecutivo, un Poder Legislativo, un Tribunal Supremo de Justicia en el que todos podamos confiar, que surja de los mecanismos que son propios de la democracia. Sin que nosotros tengamos poderes públicos viables, plenamente constituidos, la verdad es que se hace bien difícil discutir con seriedad una ley de tanta trascendencia como es la Ley de Universidades, de cara al futuro del país».
La segunda condición es tener universidades funcionales, porque de lo contrario «estaremos haciendo la discusión sujetos a una serie de presiones que no tienen nada que ver con el desempeño académico». Es decir, «tenemos que tener salarios, servicios académicos, servicios estudiantiles en general, funcionamiento de las instituciones, mantenimiento e inversión».
Sostuvo que, en la actualidad, su casa de estudios, la USB, está paralizada. «Tenemos dos núcleos, dos sedes. Uno queda en Sartenejas, a unos 20 o 30 kilómetros de acá, y el otro queda en Camurí, a 20 o 30 kilómetros del centro urbano de La Guaira. Pero no tiene autobuses. La Universidad Simón Bolívar solía tener cuarenta y tantos autobuses, ahora tiene tres. ¿Cómo puede una universidad que solía tener diez mil estudiantes, que ahora tiene tres mil, transportar a sus estudiantes, a sus profesores, a sus trabajadores a lo largo de ese trayecto, cuando ni siquiera hay transporte público que sirva a esas localidades donde está ubicada la Universidad Simón Bolívar?».
Otro principio fundamental «es la autonomía organizativa, académica, administrativa, económica y financiera, que de alguna manera están establecidas en la ley de universidades del 70 y que por supuesto están también consagradas en el artículo 109 de la Constitución».
Por eso, «primero que todo quisiéramos ver que el ordenamiento legal vigente se cumpla para que nosotros nos sentemos con calma a discutir una Ley de Universidades».
Scharifker defendió la diversidad: «La diversidad es un elemento fundamental de un sistema universitario».Según la Ley de Universidades vigente, «las universidades pueden ser realmente de tres tipos, pueden ser experimentales, pueden ser no experimentales y pueden ser privadas. El concepto de universidad autónoma o no autónoma no está en la Ley de Universidades, porque en la Ley de Universidades y en la Constitución de la República en la que vivimos, todas las universidades son autónomas, solamente que el ejercicio de la autonomía en algunas universidades está sujeto estrictamente a la Ley de universidades del año 70 y en otras universidades está sujeta a reglamentos especiales».
Contrastó la estructura organizativa de la UCV con la de la USB. «Las universidades que son napoleónicas están muy bien capacitadas para formar profesionales. Las universidades que siguen el modelo Humboldt están más bien orientadas a brindar servicios a la sociedad», comparó
«En mi criterio, las universidades más autónomas que ha tenido Venezuela son las universidades experimentales que se han podido dar su propia estructura, que no está limitada por los elementos muy restringidos que contempla la universidades y por eso han podido algunas de ellas desarrollarse con mayor rapidez», sentenció.
La elección de autoridades es uno de los puntos que destacó y sobre el cual insistió en la necesidad de discusión. «No es el elemento fundamental de la universidad, pero tiene un carácter tan importante que lo tenemos que considerar. Y tenemos que distinguir autonomía de soberanía. La universidad no existe para satisfacer los intereses de los profesores, ni los intereses de los estudiantes, ni los intereses de los trabajadores de la universidad; la universidad existe para satisfacer los intereses de la sociedad. Entonces no podemos nosotros confundir soberanía con autonomía. Por lo tanto, el sistema electoral de designar autoridades universitarias en las universidades no es necesariamente el sistema más idóneo».
Quienes dirigen las distintas instancias universitarias, alegó, «tienen que tener capacidad de gestión y por supuesto tienen que tener competencia académica y administrativa». En las mejores universidades las autoridades no son escogidas mediante sistemas electorales, indicó, sino por los cuerpos directivos. «Hay muchos mecanismos muy diversos de elección de autoridades y ese tema simplemente tiene que ser discutido. Es más: eso no puede ser objeto, en mi opinión, de la ley. Eso tiene que discutirlo cada universidad precisamente en ejercicio de su autonomía».
En cuanto a la calidad, remarcó que cada universidad «tiene que definir sus propios criterios de excelencia y buscar la excelencia, identificar quiénes son los mejores estudiantes y quiénes son los mejores profesores que representan ese ideal de excelencia que la universidad percibe».
«La Ley de Universidades debe establecer los marcos de referencia y normas generales. Los reglamentos detallados deben ser desarrollados por cada universidad. La autonomía debe ser ejercida por cada una de las universidades según sus particularidades, no por todas las universidades en su conjunto, como si todas ellas fueran una misma institución».
