Los recursos vinculados a la trama de corrupción denominada PDVSA-Cripto podrían alcanzar a una cifra, tan importante, que habría logrado financiar la respuesta a los problemas eléctricos del país.
Oficialmente, la fiscalía ha calculado el perjuicio hacia la nación alrededor de los 5.000 millones de dólares, sin embargo, investigaciones de realizadas por Organizaciones No Gubernamentales indican que el monto podría alcanzar una cifra superior a los 23.000 millones de dólares.
Tomando como referencia análisis de la firma Ecoanalítica esta cifra tendría un gran impacto social.
En el juicio de esta trama están involucrados exfuncionarios de muy alto rango, como Tareck El Aissami, seguido de otros integrantes de la administración pública que integraban una red, entre los destacan: Hugbel Roa, exdiputado al parlamento nacional y Simón Zerpa, exministro de Finanzas.
En el caso también están involucrados los exbanqueros Carmelo y Daniel De Grazia quienes son señalados como los artífices de la ingeniería financiera que hizo posible esta trama de corrupción.
Un trabajo firmado por la periodista Marianella Vanci del portal CriptoNoticias “entre 2020 y 2023, la estatal Petróleos de Venezuela dejó de percibir 16.960 millones de dólares, una cifra que representa casi el 30% del Producto Interno Bruto (PIB) del país en 2022”.
Señala además que alrededor de 3.600 millones se consideran “incobrables”, porque los intermediarios sin experiencia, pero con conexiones políticas, “desaparecieron tras llevarse buques cargados de barriles desde los muelles venezolanos”.
Según lo reportó el diario Últimas Noticias en abril de 2024 “al presidente de Bancamiga, Carmelo De Grazia, le asignaban buques de petróleo a razón de 43 dólares por barril y él los revendía a otro precio superior; todo en coordinación con Samark López y El Aissami”.
Agrega que los recursos se manejaban a través de la entidad financiera, bajo l agestión de los De Grazia, que “operaba como custodio de las divisas de aquellos empresarios que estaban interesados en hacer trámites con Petróleos de Venezuela (PDVSA), cuando era dirigida por el exfuncionario Tareck El Aissami”.
En esta trama han sido detenidos cerca 65 personas, entre los que se encuentran por lo menos dos chóferes de los altos ejecutivos.
Los familiares de estos ciudadanos han solicitado que sean liberados porque no tendrían nada que ver con las actuaciones de sus jefes.
Asimismo se ha señalado los altos exfuncionarios del Estado y los banqueros no pueden ser señalados como presos políticos, porque el caso no tendría que ver con delitos vinculados con el debate políticos o acciones de este tenor y se relaciona con actos corrupción tráfico de poder.
