Las confederaciones sindicales independientes y unitarias de Venezuela —UNETE, CODESA, CGT y CUTV— emitieron un comunicado conjunto para calificar de «fraude y un falso diálogo social» la denominada «Mesa de los Consensos Laborales y Sociales». Las organizaciones advirtieron que esta instancia opera a espaldas de la clase trabajadora y señalaron que la participación de apenas tres de las siete confederaciones con existencia legal no representa la pluralidad del movimiento obrero ni tiene la potestad de comprometer los derechos laborales.
Según el manifiesto, el objetivo central de este espacio es otorgar aparente legitimidad a una agenda orientada a satisfacer los intereses del sector patronal mediante un mecanismo seudolegal que pretende «legalizar» la bonificación salarial y flexibilizar los derechos consagrados en la Constitución y en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT).
Durante una rueda de prensa, el secretario general de la CUTV, Pedro Eusse, denunció una campaña agresiva en los medios de comunicación protagonizada por voceros de Fedecámaras y del gobierno nacional. En este sentido, el vocero señaló que dichos actores pretenden instalar la matriz de opinión de que es una necesidad desmontar el sistema laboral venezolano bajo el argumento de que «no le sirve a nadie, ni a los patronos ni a los trabajadores». Eusse calificó esta postura como un «cinismo descarado», recordando que el marco de protección social se sustenta en la Constitución, en la legislación vigente y en los convenios internacionales del trabajo.
Amenazas a la legislación y exigencias perentorias
Las centrales repudiaron la pretensión de implantar un esquema desregulado que normalice la precarización laboral sin salarios ni pensiones reales, sin empleos estables y sin convenciones colectivas. Ante este panorama, exigieron al Estado y a los empleadores la recuperación inmediata del salario mínimo constitucional, el reconocimiento del carácter salarial de todos los bonos devengados, el respeto a los contratos colectivos y el cese de la criminalización de la dirigencia sindical independiente. Asimismo, exigieron el reenganche de los trabajadores injustamente despedidos y la derogación definitiva del «Memorandum-Circular 2792» y del «Instructivo de la ONAPRE«.
En el ámbito económico perentorio, las organizaciones propusieron que el pago de la bonificación de fin de año o aguinaldo para la Administración Pública Nacional se calcule sobre la base de cuatro meses del ingreso integral de los trabajadores, fijado en doscientos dólares mensuales, situando el monto mínimo en ochocientos dólares para enfrentar el costo de la vida. Adicionalmente, informaron que remitieron una comunicación oficial al Director General de la OIT para instar al cumplimiento de los acuerdos de la Quinta Sesión del Foro de Diálogo Social en Venezuela.
El secretario general de la CUTV advirtió que, aunque algunos voceros patronales afirman públicamente que no reformarán la ley en este momento, no han abandonado dicha pretensión. Al respecto, enfatizó que el propósito de la llamada ley de los consensos es «flexibilizar las normas de derecho», creando condiciones para que los patronos incumplan la legislación vigente con el aval del Estado venezolano.
Según Eusse, las violaciones sistemáticas cometidas por los empleadores buscan alcanzar la «máxima ganancia con el menor costo posible, sacrificando el salario y el régimen de prestaciones sociales», asemejándose a las medidas implementadas en el año 1997.
Finalmente, las confederaciones convocaron a los trabajadores activos y jubilados de los sectores petrolero, de empresas básicas, salud, educación y administración pública a fortalecer la unidad de acción sindical. Las organizaciones recordaron que los derechos laborales son intangibles, irrenunciables y progresivos, por lo que ninguna fórmula de diálogo puede utilizarse para legitimar la confiscación de las conquistas socioeconómicas de la clase trabajadora.
