«Queremos que en Venezuela vuelva la normalidad y la descentralización»; con estas palabras, el directivo de la Central Única de Autos Libres y por Puestos, Hugo Ocando, exigió al Gobierno venezolano que elimine el Órgano Superior del Transporte por ser una instancia «excluyente» y «usurpador».
Durante rueda de prensa realizada este martes 27 de octubre, Ocando agregó además que solicitó la derogación de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro, puesto que, asegura, «afecta directamente a las organizaciones civiles de transporte público registrada como «asociaciones civiles».
Sobre el primer punto, el transportista detalló que en el Órgano Superior del Transporte están presentes dirigentes del sector de los motorizados y taxi que, a su juicio, «no tiene nada que ver» con las problemáticas del sector por el que atraviesa. Asimismo, recriminó que sus opiniones, de acuerdo a lo manifestado, «tienen más peso que la de los transportistas».
«No puede ser que, desde un órgano, el cual llamamos excluyente porque no estamos todos, y de paso se sienta un motorizado o un taxista que no tiene nada que ver con mis tarifas y posiblemente la opinión de ellos tenga más peso que la mía (…) estamos llamando a la descentralización. Consideramos que el Órgano Superior no nació para eso , debe tener otras funciones, que se dediquen a eso», mencionó.
Por otra parte, mencionó que la referida Ley contra la ONG solicita a las asociaciones civiles una serie de requisitos los cuales, para Ocando, son «incumplibles» debido a la complejidad de obtenerlos.
«Están pidiendo acta de defuncion de personas que fundaron las asociaciones, 60 años, cosa que ni existe, eso afecta al sector transporte», subrayó al tiempo que sostuvo que cerca del 90 % de las asociaciones civiles de transporte público no han podido registrar y actualizar los documentos.
«Algunas han registrado, el 90% no han podido registrar, no se puede incluso ni solicitar un permiso de ruta (…) Es un problema de todos, fue una ley que fue sesgada, fue por un motivo político y nos metieron a nosotros. Nosotros sabemos que tenemos que rendir cuentas, nosotros pagamos impuestos», sentenció.
