Una familia propietaria de los galpones ubicados en la Hacienda del Encantado, en el estado Miranda, denuncia la ocupación prolongada de sus espacios por parte de organismos de seguridad del Estado. Los inmuebles habían sido arrendados a una empresa en el año 2019, la cual posteriormente resultó vinculada a la trama de corrupción denominada PDVSA Cripto, desencadenando una serie de consecuencias legales para terceros que no guardaban relación con los hechos investigados.
La situación para la empresa afectada, identificada como MR 2000, comenzó a agravarse a partir del año 2023. Los representantes legales y propietarios recalcaron que desconocían por completo las actividades ilícitas que se realizaban en el lugar y aclararon que actuaron de buena fe desde el primer momento.
«Nosotros no sabíamos que estaba pasando. Inmediatamente llamamos al propietario de la empresa que está alquilada, conversamos con ellos. Y ellos tampoco sabían lo que estaba sucediendo», señalaron. Asimismo, indicaron que tras consignar todos los documentos pertinentes, la propia investigación determinó que no existía ningún vínculo entre la empresa arrendadora y los delitos o la mercancía almacenada.
Pese a que se dejó constancia de su desvinculación con el caso principal, la ocupación de los espacios continuó bajo la justificación de custodiar temporalmente los bienes incautados ante la supuesta falta de espacio en los depósitos judiciales. Los afectados explicaron que el plazo inicial de tres meses acordado con los funcionarios se prorrogó de manera indefinida hasta que la situación cambió radicalmente de escala. «Pasa casi un año, un galpón pasa a manos de otra institución. No sabemos exactamente por orden de quién, o si fue entregado formalmente. Ahora teníamos dos instituciones, una en cada galpón. En el seis se quedó el Sebin y en el 13 queda el DGCIM», detallaron.
Gestiones administrativas sin soporte legal en tribunales
Ante la falta de respuestas institucionales, los propietarios acudieron a distintas instancias gubernamentales para exigir la devolución de sus bienes patrimoniales. Entre las acciones realizadas destaca la entrega de un documento formal de petición en la Presidencia de la República, desde donde fueron remitidos al Servicio de Bienes Incautados. Tras realizar las verificaciones en dicha oficina, los afectados pudieron constatar que los galpones no se encuentran involucrados en ninguna acción legal activa ni figuran con medidas restrictivas dentro de los tribunales.
La decisión de hacer pública la denuncia formal se fundamenta en las recientes declaraciones emitidas por autoridades del Ejecutivo sobre la revisión y devolución de activos no esenciales en manos del Estado a sus propietarios originales. Al respecto, una de las afectadas expresó: «Yo decido denunciar porque vi a la presidenta encargada Delcy Rodríguez hablando sobre devolver los activos y propiedades que tiene el gobierno o el Estado venezolano a sus antiguos dueños o dueños originales».
Para finalizar, los voceros de la empresa enfatizan que el proceso de restitución debería materializarse con prontitud debido a la ausencia de expedientes o medidas en su contra. Reiterando su llamado a las instituciones del Estado, concluyeron: «Y es más fácil aún nuestro caso, porque nosotros no tenemos ninguna medida en contra de nosotros. Me parece que ahorita es el momento para que nos devuelvan nuestras propiedades».
