Un decreto presidencial ordena que sean trasladados a cárceles para presos comunes, aunque estos recintos «no están en condiciones de recibir a una persona más», subraya Carlos Nieto, coordinador de Una Ventana a la Libertad. Ligia Camejo, directora ejecutiva de Justicia Venezolana, solicita que los presos políticos militares sean llevados a cárceles militares o que sean excarcelados
Los traslados de presos políticos a cárceles comunes no comenzaron ayer. Pero es con el decreto presidencial 4.610 que se ordena al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y a la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) la reubicación de presos políticos -civiles y militares en recintos a cargo del Ministerio del Servicio Penitenciario.
En un mes, todos los ciudadanos encarcelados en el Sebin y en la Dgcim deben estar con presos comunes.
Una Ventana a La Libertad ha advertido sobre un sistema carcelario «tradicional», colapsado, y un sistema paralelo que funciona en los calabozos policiales. El coordinador de esta organización, Carlos Nieto Palma, advierte que las cárceles «no están en condiciones de recibir a una persona más» y sentencia que los calabozos policiales se han convertido en las nuevas cárceles de Venezuela.
«En las tradicionales no cabe la gente, y por eso han tomado las otras como sistema paralelo. Decir que van a sacar a unos para llevarlos para allá me parece absurdo», señala en conversación telefónica con Contrapunto.com.
Aun cuando no hay cifras oficiales Una Ventana a la Libertad calcula que la nación tiene 110 mil presos, de los cuales 65 mil se encuentran en recintos policiales. Las condiciones son deplorables, hasta el punto de que los alimentos y el agua deben ser garantizados por los familiares. Las enfermedades se enseñorean en estos ambientes insalubres. Es motivo de preocupación, explica Nieto, un brote de tuberculosis en los calabozos policiales. Un estudio mostró que en 11 recintos murieron 32 personas por enfermedades entre octubre de 2020 y abril de 2021. «Antes la mayoría de las muertes eran por riñas, ahora son por enfermedades».
Los presos que proceden del Sebin y la Dgcim se verán obligados a enfrentar el mismo hacinamiento, el retardo procesal, las enfermedades y la desnutrición, remarca Nieto. En otras palabras, salen de sitios con problemas y son estos mismos problemas los que los recibirán. Probablemente aumentará el retardo procesal, porque sus causas están radicadas en Caracas y los están desplazando de la capital del país.
«Decir que hay cárceles para presos políticos es reconocer que hay presos políticos» aunque el gobierno los niega. «El decreto reconoce que sí hay presos políticos y que los van a unir con los demás presos». Sin embargo, el experto recuerda que no hay ninguna norma en el país que indique que los presos políticos deben estar separados de los presos comunes, aun cuando sí se recoge la clasificación de los presos (separar a procesados de penados).
Militares y presos políticos
Los presos políticos militares, con estos traslados, sufren riesgos adicionales, enfatiza Ligia Camejo, directora ejecutiva de Justicia Venezolana. «Es absolutamente impredecible saber qué les va a ocurrir» a oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que cumplen funciones de orden público.
En el país hay más de 100 presos políticos militares; para los que están encarcelados Camejo pide que se los lleve a alguna de las tres cárceles militares, o que se les otorgue una medida sustitutiva.
Los delitos que se les atribuyen son políticos, como traición y rebelión, y no pierden el estatus de su caso, aseveró Camejo en un contacto con Contrapunto.com.
Aun cuando el decreto es reciente, la abogada adelanta que lo están analizando para ver a dónde recurrir. No descarta acudir al director de las cárceles militares.