Para el mes de abril, una familia de cinco personas necesitó 730,59 dólares para adquirir la canasta alimentaria familiar, de acuerdo con datos del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).
Este monto representó un aumento de 38,27 dólares (5,5%) respecto al mes de marzo, cuando el costo de la canasta fue de $692,32.
Asimismo, el informe señaló que una familia requirió de $13,33 para la compra de agua potable, ya que en el país caribeño el recurso distribuido por tubería no cumple con parámetros básicos de potabilidad, según expertos y organizaciones no gubernamentales.
La Constitución venezolana establece que todo trabajador tiene derecho a un salario «suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales».
Sin embargo, el Cendas indicó que el salario mínimo, congelado desde 2022 en 130 bolívares mensuales, equivalentes hoy a 25 centavos de dólar, solo cubre el 0,03% de la canasta.
En los últimos años, el Ejecutivo ha centrado su política salarial en el pago de dos bonos para los trabajadores públicos que no tienen incidencia en beneficios laborales y que suman $240: uno de $40 para alimentación y otro recientemente aumentado a 200 dólares denominado «bono contra la guerra económica», ambos depositados en bolívares a la tasa oficial del día.
Según cifras oficiales, los precios aumentaron 10,6% en abril, por lo que el país acumula una inflación del 90% en los primeros cuatro meses del año.
Trabajadores y sindicalistas de diversos sectores rechazan lo que llaman una política de bonificación del salario y exigen un aumento de sus remuneraciones.
La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), la principal institución de enseñanza superior del país, reiteró el pasado jueves el llamado a un paro nacional de 24 horas de las universidades públicas para este martes, luego de que el Gobierno rechazara la convocatoria a la protesta.
Además de salarios dignos, la asociación exige la regularización «inmediata» del pago del Bono de Responsabilidad Profesional, al advertir que «solo lo cobró aproximadamente 25% de los profesores universitarios».
Información de EFE
