La CIJ se declaró competente para conocer la disputa, y lo que decida será inapelable, alerta Kenneth Ramírez, presidente del Covri. Venezuela debe presentar sus alegatos ante esta instancia, recomienda Rafael Badell Madrid, profesor universitario e individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales
Mucha expectativa había sobre el dictamen que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) debía anunciar, este viernes 1 de diciembre, sobre la solicitud de Guyana de medidas cautelares sobre el referéndum consultivo activado por el gobierno venezolano para este 3 de diciembre. El gobierno nacional, que insta a la población a votar en el referéndum para no reconocer la jurisdicción de la CIJ, celebró el dictamen del organismo por considerar que no se puso del lado de los intereses de Guyana.
«En espera de una decisión final sobre el caso, la República Bolivariana de Venezuela se abstendrá de tomar cualquier medida que modifique la situación que actualmente prevalece en el territorio en disputa, por el cual la República Cooperativa de Guyana administra y ejerce control sobre esa área», anunció Joan Donoghue, presidenta de la CIJ.
«Guyana fue por lana y salió trasquilada», aseveró la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
El dictamen «en primer lugar, le indica a Venezuela que se abstenga de cualquier acción que modifique el statu quo sobre el territorio, el cual Guyana administra y controla. La Corte solo reconoce esa situación de hecho y pide que sea preservada hasta su decisión definitiva», señala Mariano de Alba, consultor de Crisis Group. «Esa determinación no perjudica los intereses de Venezuela. La disputa sigue pendiente de resolución y para eso es crucial que Venezuela presente sus argumentos por escrito, con respectivas pruebas, a más tardar el 8ABR2024. No hacerlo facilitará el camino de Guyana», opinó De Alba en un hilo en la red social X.
El gobierno venezolano ha insistido en que no reconoce la competencia de la CIJ, y ha asegurado que este organismo forma parte del «colonialismo judicial» de las instancias internacionales.
Sin embargo, Venezuela «no llegó por sorpresa a la Corte Internacional de Justicia», afirma el doctor Rafael Badell Madrid, profesor universitario e individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. El caso «llega a la Corte Internacional de Justicia porque hace 41 años, en 1982, Venezuela le dijo a Guyana ‘vamos a que el secretario general de la ONU escoja el medio de discusión’. Insisto: por más de 40 años se utilizaron otros medios de solución de las controversias, y cuando en 2018 el secretario general de la ONU escoge como vía de solución el arreglo judicial, este es uno de los mecanismos establecidos en el artículo 33. Es decir, era una de las posibilidades que siempre se sabía que podía ocurrir», explica en conversación con contrapunto.com.
Los hechos de la historia
Como lo recuerda el académico, el Acuerdo de Ginebra, suscrito en 1966 durante el mandato del entonces presidente Raúl Leoni, ratifica que los asuntos pendientes por la demarcación territorial quedarían enmarcados en una solución amistosa. La primera vía que se empleó, describe, es la de las comisiones mixtas, antes de pasar a otros mecanismos previstos en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas.
«Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección. El Consejo de Seguridad, si lo estimare necesario, instará a las partes a que arreglen sus controversias por dichos medios», establece el artículo 33.
El arreglo judicial no solo forma parte de la Carta; también está incluido en el Acuerdo de Ginebra.
En 1982 el Estado venezolano planteó a la ONU que el secretario general de este organismo podía indicar el mecanismo para la solución de la controversia. En 2018 el entonces secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, decidió dejar la controversia en manos de la CIJ. Guyana le tomó la palabra y acudió a este organismo a solicitar que se reconozca el Laudo Arbitral de 1899, que despoja a Venezuela de este territorio.
«No voy a decir que Venezuela falló. No. Guyana ha puesto muchísimos inconvenientes, no ha aceptado las negociaciones directas; los mecanismos que usaron no tuvieron éxito. El secretario de la ONU, visto el encargo que le hizo Venezuela en 1982, manifestó en 2018 que no se llegó a un acuerdo, y Guyana procedió a demandar», resume el académico.
La historia continúa. Badell Madrid refiere que la CIJ llamó a Venezuela y a Guyana, en 2020, para que expresaran sus criterios sobre la competencia de la Corte en el caso. «Aquella era la oportunidad que tenía Venezuela para negar la jurisdicción. Venezuela no asistió, y el 18 de diciembre de 2020 la Corte se declaró competente; es allí donde estamos. La Corte se declaró competente en diciembre de 2020 y Venezuela compareció el 6 de abril de 2022 e hizo lo siguiente: designó, como es su derecho, un juez ad hoc. Designó al embajador Samuel Moncada como el agente del juicio, designó a la doctora Elsy Rosales como coagente en el juicio, e informó los abogados que representarían a Venezuela». También solicitó, resalta Badell, que en el juicio debía estar el Reino Unido.
La Corte, que decidió que no debía estar el Reino Unido, otorgó a Venezuela un lapso que vence el 8 de abril de 2024 «para que produzca su defensa y sus argumentos», destaca el experto. Una vez que se cumple con todo este proceso el lapso sigue corriendo y el Estado venezolano debe estar presente.
Pese a todo este recorrido, el gobierno venezolano incluyó, en las cinco preguntas del referéndum de este domingo 3 de diciembre, la interrogante número tres: «¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba?».
En todo el tablero
Como ya la Corte resolvió que tenía competencia «tenemos que comparecer» porque «las sentencias de la Corte son inapelables», reitera Kenneth Ramírez, internacionalista y presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (Covri). Según el artículo 53 del Estatuto, si un Estado no comparece, la otra parte puede decirle a la Corte «decida a mi favor». Si no estamos presentes «igual va a haber una decisión, tarde o temprano», advierte.
El artículo 53 reza lo siguiente: «Cuando una de las partes no comparezca ante la Corte, o se abstenga de defender su caso, la otra parte podrá pedir a la Corte que decida a su favor».
«Si nosotros pretendemos, más allá de lo que pueda decir la CIJ, mantener nuestra sentencia en términos políticos, deberíamos estar trabajando para eso, y eso es lo que no estamos haciendo. Lo que un gobierno serio haría es defender a Venezuela en todo el tablero: fomentar el consenso interno para ir a la Corte con absoluto blindaje, con los mejores expertos, con todos los documentos», insiste Ramírez.
En un escenario adverso para Venezuela va a ser compleja la etapa posterior, analiza el presidente del Covri. «En lugar de estar trabajando desde ya todos los escenarios, se hace un referéndum inefectivo a escala internacional, que parece estar diseñado para tratar de demostrar un apoyo que el gobierno no tiene y envolverse en una bandera nacionalista cuando en todos estos años no se ha hecho una estrategia efectiva que contenga a Guyana».
El territorio no es ocupado por Venezuela sino por Guyana, remarca Badell Madrid. «Venezuela debería estar ocupada en producir los mejores elementos para lograr un éxito en la Corte», enfatiza. ¿Tiene Venezuela razones para sentirse optimista, tiene elementos para litigar el caso en la CIJ? «La respuesta es un sí muy vehemente», agrega el académico. «Todos sabemos que el Laudo Arbitral es nulo, es inexistente, no tiene valor jurídico alguno, es absolutamente inmotivado, Hay pruebas fehacientes de que el Laudo fue dictado por un tribunal no imparcial y que convirtieron un tema jurídico en un fraude procesal. Hay pruebas de que el Tribunal arbitral violó el debido proceso, violó el derecho de defensa de Venezuela. Todo eso es lo que debería ocupar nuestra atención en este momento».
