Las protestas comenzaron en marzo frente a la iniciativa de las autoridades locales de promulgar una ley de extradición que, según sus opositores, podría servir para que disidentes políticos y sectores críticos al régimen comunista fueran llevados a China
La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos aseguró este martes 13 de agosto que existen evidencias de que las autoridades de Hong Kong aplicaron medidas antidisturbios que contradicen las normas internacionales, por lo que pidió una investigación imparcial de estos hechos.
«Se ha visto a agentes lanzando gas lacrimógeno directamente a manifestantes, sobre muchedumbres y zonas cerradas, con graves riesgos de provocar heridos o muertos», destacó el portavoz de la oficina, Rupert Colville, durante una rueda de prensa en Ginebra.
Subrayó el portavoz que las autoridades de Hong Kong deben investigar estos incidentes «inmediatamente» y cambiar sus prácticas antidisturbios en aquellos casos que contradigan los estándares internacionales.
Colville añadió que la alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, está preocupada por la actual escalada de violencia de los últimos días en Hong Kong, cuyo aeropuerto, uno de los más concurridos del mundo, suspendió desde el pasado 12 de agosto sus operaciones a causa de las protestas en el recinto.
La alta comisionada «condena toda forma de violencia y destrucción de la propiedad, y urge a todos los participantes en las protestas que expresen sus opiniones de forma pacífica», subrayó Colville.
El portavoz también llamó a las dos partes en conflicto, autoridades y manifestantes, a «iniciar un diálogo abierto e inclusivo dirigido a resolver todos los desacuerdos de forma pacífica», incluyendo la ley de extradición que inició el conflicto, pero también las acusaciones de violencia policial.
Colville celebró las declaraciones ofrecidas hoy por la jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, quien prometió «escuchar a las protestas».
«Sus comentarios son esperanzadores y esperemos que lleven a un diálogo con contenido» en el que «participen todos los sectores de la sociedad», subrayó Colville.
Las protestas en Hong Kong comenzaron en marzo de 2019 frente a la iniciativa de las autoridades locales de promulgar una ley de extradición que, según sus detractores, podría servir para que disidentes políticos y sectores críticos con el régimen comunista fueran llevados a China para ser procesados sin garantías.
Hong Kong es en la práctica independiente de China en cuestiones judiciales, porque en las relaciones entre ambos territorios rige el principio de «un país, dos sistemas», por el que Pekín dio a la excolonia amplia autonomía en todas las competencias excepto asuntos exteriores y de defensa.
Las manifestaciones, a partir de junio, movilizaron a cientos de miles de personas quienes protagonizan episodios de violencia, huelgas e intentos, por parte de los manifestantes, de afectar el curso normal de la ciudad a través de huelgas y ocupaciones de edificios oficiales, comisarías, estaciones de metro o el mencionado aeropuerto.
