En Venezuela se registraron 144 violaciones a la libertad de expresión en los primeros seis meses de 2025, informó la ONG Espacio Público que advirtió que el mes pasado se «consolidó» una nueva arremetida contra economistas y analistas financieros por difundir datos sobre la inflación y el poder adquisitivo.
En una nota de prensa la organización indicó que en el primer semestre del año la censura y la intimidación fueron las principales violaciones registradas.
«Los periodistas, medios de comunicación y personas particulares concentran el mayor número de víctimas. Destacan 23 detenciones, 44 incidentes vinculados al entorno digital y un uso constante del poder estatal para silenciar voces críticas», añadió.
En junio pasado, prosiguió, documentó tres violaciones al derecho a la libertad de expresión, dos casos de censura y uno de intimidación.
«Los hechos afectaron a periodistas, reporteros y plataformas web, y ocurrieron tanto en el estado Táchira (fronterizo con Colombia) como en espacios digitales», destacó.
Asimismo, dijo que las instituciones del Estado y cuerpos de seguridad fueron identificados como responsables directos en estos casos.
«Además, se consolidó una nueva arremetida contra economistas y analistas financieros, a quienes se les persigue por difundir datos sobre inflación y poder adquisitivo», sostuvo.
Espacio Público aseguró que el mes pasado se mantuvieron las «desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, amenazas por ejercer el periodismo, así como bloqueos de información en zonas fronterizas».
La organización señaló que al menos cinco analistas financieros fueron detenidos por cuerpos de seguridad del Estado «sin cargos formales, en un contexto de control sobre las cifras económicas y de inflación».
«El Observatorio Venezolano de Finanzas denunció estos hechos como parte de una política para limitar el acceso a información confiable sobre la realidad económica», relató.
Igualmente, recordó que un tribunal de Caracas ratificó la privativa de libertad contra la periodista Nakary Mena Ramos, «detenida en abril tras publicar un reportaje sobre la inseguridad».
«Fue imputada por ‘instigación al odio’ y ‘publicación de noticias falsas’, junto a su pareja Gianni Gionzález», afirmó.
En el país caribeño hay 20 periodistas detenidos, de los cuales 12 están sometidos a procesos penales con medidas cautelares, según un registro difundido a finales de junio por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).
Información de EFE
