La llegada de María Corina Machado el domingo 25 de octubre de 2026, marcó un punto de inflexión en la dinámica social venezolana tras un período prolongado de contención política. De acuerdo con las apreciaciones de la analista política, abogada y defensora de derechos humanos Fabiana Garantón, el acontecimiento provocó un desplazamiento espontáneo de la ciudadanía hacia las vías públicas, un fenómeno derivado del agotamiento frente a las restricciones previas.
La especialista explicó que «la gente, sin convocatoria alguna, salió a las calles enloquecidas a encontrarse con María Corina», un hecho que interpretó como la búsqueda de «esa esperanza y encontrarnos todos con una alegría en las calles que habíamos perdido hace mucho tiempo». Este comportamiento social evidenció la necesidad de superar la etapa previa, caracterizada por la incertidumbre y la severa persecución política.
La lectura sobre la respuesta del sector oficialista sugiere una alteración en los esquemas proyectados por la administración Rodríguez. Garantón sostuvo que los integrantes del gobierno se percibían «confundidos» y que «fueron los primeros sorprendidos con ese tweet de ella», desmintiendo además las versiones que catalogaban el episodio como una puesta en escena planificada por la dirigencia opositora.
«Eso no fue ningún show, eso no estuvo preparado. Yo te doy fe que formo parte del equipo de Vente Venezuela», enfatizó la defensora de derechos humanos, al tiempo que cuestionó la falta de congruencia en las acciones políticas actuales en un escenario electoral que carece de las garantías institucionales mínimas, como un Consejo Nacional Electoral reestructurado.
En relación con los espacios de diálogo y negociación en la fase de transición, la abogada precisó que la organización Vente Venezuela no ha recibido invitación para incorporarse a las mesas formales. No obstante, puntualizó que la prioridad de la población se centra en la obtención de garantías fundamentales que permitan reestructurar los poderes públicos. «Lo que queremos de esa mesa son resultados concretos, como un CNE en el que podamos confiar nuevamente los venezolanos, como un TSJ que recupere en Venezuela el Estado de Derecho», aseveró la analista.
A su juicio, la restitución de la autonomía judicial representa un paso indispensable para la reconstrucción del sistema democrático.
De la fractura judicial al desafío del perdón comunitario
El deterioro institucional del país tiene antecedentes directos en la pérdida de independencia por parte de los órganos encargados de impartir justicia. Garantón contextualizó que la injerencia de intereses de otra índole socavó el ejercicio imparcial dentro de los juzgados, provocando que los administradores de justicia actuaran bajo el sesgo del temor. «Ahí se dejó de impartir justicia el día que la política entró a los tribunales y salió la justicia caminando», subrayó la especialista, quien no obstante considera que existe la viabilidad de edificar nuevamente la estructura institucional desde sus bases, considerando que el nivel de deterioro actual abre una ventana para reformar la nación de manera integral.
La distorsión del ejercicio del poder no se limitó al ámbito institucional superior, sino que penetró las relaciones comunitarias cotidianas. Las dinámicas de control social afectaron el tejido de vecindad mediante la administración selectiva de servicios básicos y asignaciones estatales, lo que generó fracturas directas entre los ciudadanos.
Ante esta realidad, la defensora de derechos humanos planteó la necesidad de abordar un proceso de coexistencia y perdón para superar las rencillas derivadas de la denuncia mutua y la exclusión. «Es un tema complicado donde nos tenemos que volver a reencontrar como venezolanos y hacer un proceso de perdonarnos, porque si no nos vamos a salir adelante», recalcó Garantón.
El enfoque propuesto para la viabilidad de las soluciones públicas exige la participación activa de los ciudadanos en la formulación de los proyectos locales. Frente a los modelos diseñados teóricamente y los estudios académicos, la abogada argumentó que el conocimiento directo de las deficiencias comunitarias reside de manera exclusiva en sus habitantes. «La única forma de que nosotros construyamos ese país que queremos es evaluando cuáles son las posibles soluciones a ese problema, y para eso nos tenemos que involucrar», concluyó la analista, reiterando que la soberanía no debe cederse por completo a la clase política sin ejercer una contraloría social permanente.
