La fiscalía de Paraguay realizó este lunes un allanamiento en la vivienda del presidente destituido Santiago Peña en Asunción, en un operativo que se prolongó por casi cinco horas. Durante el procedimiento se incautó documentación, teléfonos celulares, filmaciones de circuito cerrado, tablets y computadoras.
De acuerdo con las declaraciones brindadas a periodistas, incluida la AFP, por la fiscal Elena Fiore, «fue bastante importante este procedimiento y creemos que es positivo por la cantidad de documentación que encontramos». A su vez, el ministerio público anunció gestiones con autoridades de Estados Unidos, Luxemburgo y Argentina para ubicar, asegurar y congelar posibles activos y fondos desviados del colapsado banco digital Ueno Bank.
El Banco Central intervino Ueno Bank el pasado 3 de noviembre por problemas de solvencia, situación que desencadenó la destitución de Peña tres días más tarde mediante un juicio político en el Senado y su posterior detención preventiva. En su reemplazo asumió el vicepresidente Pedro Alliana. En paralelo, la fiscalía allanó una sede del banco e incautó documentos sobre las inversiones del exmandatario, sobre los cuales solicitó cooperación internacional para el congelamiento de criptoactivos en Luxemburgo.
Según informó la institución, «se trabaja para ubicar y asegurar bienes en el exterior, con el fin de repatriarlos e indemnizar a las víctimas», en una crisis que afecta a unos tres millones de ahorristas, la mitad de la población de Paraguay.
En el marco del proceso de devolución, cerca de 1,7 millones de personas recuperaron un total de 340 millones de dólares hasta el lunes, en lo que constituye una primera fase de restitución y no el reembolso total de lo depositado. Se entregaron anticipos de hasta 20.000 dólares a clientes con montos mayores y a los deudores se les descontaron las cuotas vencidas. No obstante, el fondo de garantías no cubrirá reintegros superiores a los 36.000 dólares por cuenta, lo que mantiene la incertidumbre sobre el destino de fondos públicos e imprescidibles aportes previsionales.
Durante una manifestación en Asunción, la ciudadana María Fernández, de 62 años, expresó a la AFP que «Santi Peña se fue, quedó Alliana, tenemos confianza de que tome cartas en el asunto y saque a todos los delincuentes que robaron nuestros aportes jubilatorios».
Alcance de las pesquisas y operativos de la fiscalía
Respecto a la situación del mandatario entrante, Pedro Alliana no fue imputado ni enfrentó un juicio político en el Congreso, a pesar de haber sido denunciado en la misma causa por supuestos vínculos con Ueno Bank.
La acusación del ministerio público sostiene que Peña utilizó su influencia para favorecer a la entidad digital, fundada hace apenas tres años, en la cual mantuvo acciones hasta el año 2025. Los investigadores señalan que el exjefe de Estado engordó el capital del banco con millones en fondos públicos y ocultó o minimizó sus problemas financieros a pesar de haber sido alertado sobre préstamos irregulares y riesgos severos de insolvencia.
La ola de allanamientos abarcó la residencia del expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo, quien permanece imputado y en prisión preventiva. En otros operativos, las autoridades incautaron vehículos de lujo presuntamente pertenecientes a directivos de la entidad.
La justicia tramita dos causas de forma paralela: la primera enfoca la responsabilidad de Peña y Carvallo por sus vínculos con la institución, mientras que la segunda avanza sobre la directiva de Ueno, que cuenta con ocho personas detenidas.
Por otro lado, la fiscalía mantiene pendiente la apertura de una bóveda hallada durante un allanamiento en otra propiedad de Peña situada a 50 kilómetros de la capital. Sobre esta diligencia, el fiscal Christian Benítez explicó al diario ABC que evalúan solicitar la colaboración de la esposa de Peña, Leticia Ocampos, para desbloquearla, o en su defecto realizar una detonación controlada. Cabe destacar que la mansión fue financiada parcialmente con préstamos de Ueno, cuyas cuotas mensuales equivalían a seis veces el salario presidencial.
El colapso de la firma bancaria provocó movilizaciones inmediatas en los sectores perjudicados. Trabajadores del grupo Vázquez, propietario de Ueno y empleador de cerca de 6.000 personas, exigieron el descongelamiento de sus cuentas y la habilitación legal para buscar nuevos empleos. Larisa Koenig, excolaboradora de la firma tecnológica ITTI digital, declaró a la AFP que «me preocupa llegar a fin de mes, no tener para pagar mis cuentitas, mis cuotas».
Movilización social y exigencia de los sectores afectados
Simultáneamente, el sector docente se movilizó activamente para exigir la restitución de los fondos de jubilación atrapados en la entidad bancaria, en una protesta que provocó la suspensión total de las clases.
Tras sostener una reunión con las representaciones sindicales, el presidente Alliana se mostró «bastante colaborativo y seguro de que es posible la devolución de los montos» pertenecientes a la seguridad social, según relató a la AFP el presidente de la Unión Nacional de Educadores, Rafael Resquín. El dirigente gremial acotó que ofrecerán un voto de confianza al nuevo poder ejecutivo, aunque advirtió firmemente que «si se rompe esa confianza nosotros vamos a salir a la calle».
