El Comité «Cúmplela» en Defensa de la Constitución emitió este lunes un pronunciamiento en el que cuestiona la legitimidad y los objetivos de la recientemente aprobada Ley de Amnistía.
A través de un documento discursivo, la organización sostiene que, si bien toda excarcelación genera esperanza y alivia el dolor de las familias, el actual proceso en Venezuela responde a un «sistema de justicia invertido».
El comité señala que la amnistía resulta «éticamente perversa» cuando las víctimas de la persecución no han cometido delitos reales. Según el comunicado, el instrumento legal no busca la reconciliación, sino que garantiza beneficios específicos a quienes ocupan el poder:
- Lavado de imagen: Reducción de las presiones internacionales sobre el gobierno.
- Blindaje jurídico: Impedir que la cadena de mando asuma futuras responsabilidades penales.
- Continuidad de la persecución: El comité advierte que se mantiene vigente un marco legal represivo a través de leyes como la Ley Constitucional contra el Odio y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
En este sentido, la organización alerta que la medida corre el riesgo de convertirse en un “borrón y cuenta nueva” para los victimarios, mientras las víctimas continúan sin acceso a la verdad y reparación integral. Además, califican las medidas como «excarcelaciones» y no «liberaciones plenas», describiéndolas como una «concesión forzada» donde los detenidos permanecen como «moneda de cambio».
El Comité «Cúmplela» ha presentado una lista de demandas que considera esenciales y que, a su juicio, han sido omitidas en la legislación vigente:
- Libertad absoluta: Exigen la liberación inmediata e incondicional de todos los detenidos por razones políticas, civiles y militares.
- Reforma legal: Solicitan la eliminación de los cargos contra más de once mil ciudadanos judicializados por motivos políticos y el desmantelamiento del aparato represivo.
- Derechos sociales y políticos: Reclaman la derogación del Memorando 2792 y del instructivo ONAPRE por su impacto en salarios y pensiones, así como el levantamiento de las inhabilitaciones políticas.
- Medidas administrativas: El petitorio incluye la restitución de pasaportes anulados por el SAIME y garantías de retorno seguro para exiliados.
Finalmente, el comunicado enfatiza que los actos derivados de lo que consideran un poder ilegítimo carecen de validez legal. El grupo concluye su exposición exigiendo el respeto a la voluntad popular expresada el 28 de julio de 2024 como paso indispensable para la restitución de la democracia.
