El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) confirmó a través de sus redes sociales el fallecimiento de Yonny José Bastidas Briceño, quien se encontraba recluido en el Centro Penitenciario de Occidente I “Cipriano Castro”, ubicado en Santa Ana, estado Táchira. Con una población que supera los 1400 internos, este recinto carcelario registra actualmente un nivel de hacinamiento superior al 165 %.
De acuerdo con la información suministrada por la organización no gubernamental, la falta de atención médica integral en el establecimiento provocó que el interno falleciera a causa de una peritonitis aguda, sumada a otras complicaciones de salud, durante el transcurso de este mes de junio de 2026.
Con el deceso de Bastidas Briceño, la cifra de fallecidos en los centros penitenciarios de Venezuela se eleva a 27 personas en un periodo de tan solo cuatro meses de este año, abarcando desde abril hasta junio de 2026, una situación que, según el observatorio, refleja la desatención de las autoridades hacia la población penal.
Registro de decesos en el mes de junio y antecedentes
El observatorio detalló que solo en el presente mes de junio se ha documentado la muerte de otros tres privados de libertad en diferentes regiones del país:
- Yosevet de Jesús Lozada, cuyo deceso se registró en el internado judicial Rodeo III.
- Alberto Rafael Solarte Cabrera, quien falleció en el Centro de Reclusión Dr. Francisco Delgado, instalación anteriormente conocida como la cárcel de El Marite, en el estado Zulia.
- Fabiana Desiree Páez Fernández, reportada en el centro penitenciario La Crisálida, lo que la convierte en la primera mujer fallecida de la que se tiene registro en dicho penal.
El OVP recordó que en su informe anual correspondiente al año 2025 ya se había documentado que la falta de atención médica oportuna ocasionó la muerte del 95 % de los reclusos que perdieron la vida en el territorio nacional, sosteniendo que el Estado continúa omitiendo su responsabilidad en la materia.
Asimismo, la institución recordó que cuando una persona fallece bajo la custodia del Estado, y la desnutrición se encuentra entre las causas del deceso, se violentan de forma directa los deberes de protección, puesto que las personas privadas de libertad dependen por completo de las autoridades institucionales para asegurar su alimentación, salud y condiciones de vida digna.
