Este sábado 8 de enero se cumple un año de las muertes de 23 personas en un hecho que se denominó como «la masacre de La Vega» y añadió que se trató del operativo policial y militar en el cual «fuerzas de seguridad del Estado causaron mayor cantidad de asesinatos en una sola incursión»
La ONG Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos) denunció este sábado 8 de enero la impunidad que persiste en el caso de la presunta «ejecución extrajudicial» de 23 civiles en un operativo policial efectuado hace un año en la zona de La Vega, Caracas.
«Los habitantes de La Vega siguen esperando por una investigación en medio del desamparo e impunidad estructural. Por su parte, el Estado mantiene su lógica represiva sobre las comunidades», dijo la ONG en un informe elaborado en conjunto con la organización Centro Gumilla.
Provea recordó que se cumple un año de estas muertes en el hecho que denominó como «la masacre de La Vega» y añadió que se trató del operativo policial y militar en el cual «fuerzas de seguridad del Estado han causado mayor cantidad de asesinatos en una sola incursión, por lo menos en los últimos 50 años».
«La casi totalidad de las 23 víctimas primero fueron detenidas y posteriormente asesinadas delante de sus familiares o en lugares cercanos a los sitios donde fueron detenidas», denunció Provea.
Agregó que, aunque algunos de los funcionarios que participaron en el operativo y que «pudieran tener responsabilidad en los crímenes perpetrados» fueron identificados, tras cumplirse un año de los hechos, no han rendido cuentas a la Justicia.
Igualmente, denunció el «silencio» del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo de Venezuela, organismos que hasta la fecha «no abrieron ninguna investigación que se conozca» sobre estos hechos.
Las ONG hacen un llamado a las autoridades venezolanas a investigar a los autores materiales y la cadena de mando con responsabilidad en los crímenes perpetrados en «la masacre de La Vega», de acuerdo con el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Gobierno de Venezuela y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
En febrero de 2021, Amnistía Internacional (AI) se refirió a las muertes de al menos 14 hombres en este operativo policial en la zona de La Vega y las consideró «probables ejecuciones extrajudiciales».
