La propuesta se anunció luego que este organismo rechazara una ley de amnistía a favor de violadores de los derechos humanos
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció que su gobierno presentará al Legislativo un proyecto de ley para que el país se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para “proteger la soberanía nacional” en línea, dijo, con los deberes del Estado señalados en el artículo 44 de la Constitución peruana.
En un discurso desde el Palacio de Gobierno, Boluarte enfatizó que el Estado peruano no permitirá que organismos internacionales o intereses externos “interfieran” en las decisiones soberanas del país. Señaló que esta norma busca actualizar el marco legal para garantizar plena autonomía en asuntos internos, lejos de “concesiones” o intervenciones foráneas.
“Somos conscientes de que han surgido nuevas amenazas contra nuestra soberanía y es imperativo que el Estado se defienda, no solo en términos de integridad territorial, sino también en la plena aplicación de nuestra Constitución y nuestras leyes”, aseguró.
Al respecto, precisó que defender la soberanía no es un acto aislado, sino la garantía día de la libertad, la democracia y el porvenir de las próximas generaciones.
El anuncio se enmarca en un clima de confrontación entre el Gobierno peruano y la CIDH. La tensión alcanzó un punto crítico cuando esa corte solicitó la revocatoria de una ley de amnistía promulgada por el Ejecutivo, que beneficia a militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos.
Las acciones de la justicia interamericana corresponden al seguimiento de las sentencias por las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), donde 25 personas, entre ellas un niño de 8 años, fueron asesinadas por el grupo militar encubierto Colina.
Ambos casos llevaron a que el fallecido expresidente Alberto Fujimori fuese condenado en 2009 a 25 por años de prisión por crímenes de lesa humanidad en calidad de autor mediato (con dominio del hecho), así como varios integrantes del grupo Colina.
La amnistía aprobada por el Parlamento beneficia a miembros de las fuerzas de seguridad y comités de autodefensa que no cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada, que pudieran estar denunciados, investigados o procesados por delitos cometidos entre 1980 y el 2000.
Además, incluye también a los que cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada, o en trámite de ejecución, y hayan cumplido un mínimo de 70 años.
Para el Gobierno de Boluarte, investigada por la muerte de 59 personas durante la represión a ola de protestas registrada a su llegada al poder, las directrices de la Corte IDH “no se desprenden de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la cual recae el mandato que le otorgaron los Estados a dicho tribunal“.
El conflicto armado interno de Perú (1980-2000), desatado por el grupo maoísta ‘Sendero Luminoso’ y el marxista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), fue una de las épocas más violentas de Perú al estimarse que dejó unos 69 000 muertos, según el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).
