«Queremos que sea una ley fuertemente consensuada, que sea producto de un debate nacional, a ver si por primera vez en la vida matamos ese debate de qué es la democracia, qué es la autonomía, cómo se entiende eso y cómo se ejercen las universidades», explicó el director adjunto de la OPSU / Texto y fotos: Vanessa Davies
No hay un texto elaborado. Tampoco, un tiempo determinado para dar las discusiones. La propuesta de una nueva ley universitaria llega con las palabras oficiales y una hoja en blanco. Esto es lo que se desprende de los planteamientos que hizo este jueves el director adjunto de la OPSU, el profesor Ricardo Ríos, durante un foro sobre el tema organizado por el Rectorado de la UCV.
«Queremos que sea una ley fuertemente consensuada, que sea producto de un debate nacional, a ver si por primera vez en la vida matamos ese debate de qué es la democracia, qué es la autonomía, cómo se entiende eso y cómo se ejercen las universidades», explicó Ríos. «Todo el mundo aduce la importancia de la autonomía, y todo el que gobierna le medio molesta porque le encanta mandar. Entonces es importante que nuestro funcionamiento contemple la importancia de la autonomía universitaria como un ente consustancial al concepto de universidad; que se entienda que la democracia en una institución académica tiene que responder a los principios de una institución académica, y no seguir calándonos que la ley se detenga en cada instancia donde alguien tenga influencia porque queremos que vote determinado sector. Yo creo que le hemos dedicado demasiado tiempo al problema de cómo se eligen autoridades, y muy poco tiempo al concepto trascendente de universidad».
Debate plural
Los valores trascendentes de la universidad «deben ser, de alguna manera, definidos, redefinidos, adecuados a la época e incluidos en el proceso de redacción de la ley». Para eso se necesita un proceso amplio, remarcó: «El deseo del Consejo Nacional de Universidades es que este sea un debate profundamente plural. Queremos que surja desde los niveles más básicos de organización universitaria y ascienda».
Se trata de una ley «que ha conocido sombras y luces en los últimos años y que además no es una ley, sino que fue una reforma que tiene una historia un tanto complicada en su relación con esta universidad, y que ha sido el órgano legislativo que hemos utilizado como referencia para administrar nuestro funcionamiento universitario».
Las reflexiones sobre la ley no deberían ser pospuestas. «En realidad, no hoy, desde hace rato nos reclama una reflexión sobre la ley. En el CNU estábamos haciendo un arqueo de cuántas resoluciones complementarias a la aplicación de la Ley de Universidades hay en el CNU, y de manera incompleta, porque hay partesa las que todavía no hemos accedido, llegamos al orden de 1.700 documentos. Me refiero a gacetas oficiales, más de 1.700 reformas parciales, adecuaciones, normativas, reglamentos, etcétera, se han hecho para que la ley sea útil. O sea, se le ha quitado lo inútil por la vía de los hechos. Ese es un error que ya nos dice que tenemos que revisar esa ley».
Sin «enmendarle la plana a la UCV»
Ríos comentó que el único proyecto de ley que incluyó la acreditación como un deber universitario «llegó hasta la primera discusión de la asamblea, y llegó un párate que todavía yo no sé quién lo dio, pero no se ha podido sacar de la asamblea».
De nuevo en el presente, sostuvo que la nueva ley «no puede seguir siendo pensada en términos de cómo enmendarle la plana a la UCV. Eso no tiene sentido. Este es un país que tiene 180 y tantas instituciones de educación universitaria de todo tipo, de toda prosapia, buenas, malas, regulares, etcétera, lo cual va a obligar a que la ley que queramos hacer tenga la suficiente amplitud para dictarle las pautas de lo que queremos que sea una universidad, y perder su vocación reglamentista, porque es imposible meter en un solo saco toda la variabilidad que cada una de las instituciones de educación universitaria tiene».
