La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) acudió formalmente ante la Defensoría del Pueblo para solicitar su intermediación directa ante lo que consideran una «violación continuada de derechos humanos de los profesores universitarios en Venezuela». En la misiva, la representación gremial denunció «la destrucción del salario y de la seguridad social como política del gobierno», advirtiendo que la falta de ajustes al salario mínimo derivó en la pérdida del 95% del poder adquisitivo y remarcando que el bono de ingreso mínimo «no cubre ni un tercio de la canasta alimentaria y no tiene ninguna incidencia en la seguridad social».
Por otra parte, el documento alertó sobre «la discriminación como política del gobierno», manifestada en la exclusión de tres cuartas partes del profesorado y de los jubilados del cobro del Bono de Responsabilidad Profesional. A esta precaria situación económica sumaron los efectos devastadores de los sismos registrados a finales de junio, los cuales dejaron al descubierto «la pérdida total de la capacidad de las familias de los universitarios de responder ante cualquier contingencia debido a la pérdida de su patrimonio».
Ante este escenario, la FAPUV demandó la «salarización suficiente de las remuneraciones al trabajo docente», la apertura de un «diálogo efectivo, directo, formal y conducente a acuerdos de obligatorio cumplimiento» y el restablecimiento de los aportes a sus institutos previsionales para garantizar la atención médica. Asimismo, exigieron una «reparación integral por violación de derechos humanos y destrucción del patrimonio familiar» que restituya la negociación colectiva y otorgue indemnizaciones por los conceptos laborales no percibidos.
