Gremios de la UCV afirman que la universidad está «en estado de emergencia» y acuerdan agenda de lucha

Texto, fotos y videos: Vanessa Davies

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Ni la presencia de cuatro presuntos funcionarios policiales de civil pudo impedir o empañar la asamblea intergremial efectuada este martes en la Facultad de Arquitectura

«En estado de emergencia». Así se encuentra la Universidad Central de Venezuela (UCV), tal como lo subrayaron este martes 11 de febrero los gremios ucevistas que participaron en una asamblea intergremial efectuada en la Facultad de Arquitectura.

Los asistentes al encuentro enfrentaron a cuatro presuntos funcionarios policiales de civil, que fueron desalojados de las instalaciones. Después, al inicio de la asamblea, alzaron los papeles en los que registraron el monto de sus quincenas: alrededor de trescientos bolívares.

En declaraciones a los medios de comunicación, el profesor José Gregorio Afonso, presidente de la Apucv, detalló que hay una emergencia académica y humanitaria. «Ayer mismo (lunes) cobramos nuestra quincena, los trabajadores universitarios, y ninguna de ellas superó los nueve dólares. Eso no puede continuar. Ya vamos para tres años sin aumento salarial». Además, a la UCV no le aprueban «ni un 7% de lo que solicitamos, y luego de eso, no llega ni un cuarto».

Es decir, «no tenemos presupuesto, no tenemos salario». Además, enfatizó, «queremos estudiar y trabajar en paz», por lo que «pedimos que cese el hostigamiento policial contra las universidades», porque «cuando no son funcionarios policiales en las afueras de la instltución es como ahora en esta asamblea: cuatro funcionarios de civil. Nosotros somos universitarios, y debe privar el clima de libertad académica sin ningún tipo de coacción».

Afonso anunció que realizarán «un proceso asambleario» en facultades y escuelas, y que llevarán al Consejo Universitario la solicitud de declarar la emergencia académica. «Vamos a movilizarnos», adelantó el dirigente profesoral. «Estamos absolutamente convencidos de que la educación de nuestros jóvenes y el futuro de nuestro país valen la pena».

La emergencia académica, enfatizó, busca visibilizar la crisis de la UCV. «Los médicos que curan a nuestra gente son formados en nuestra universidad, los ingenieros que hacen la vialidad, los arquitectos que hacen los urbanismos» se forman en las universidades. «La declaratoria nos coloca en situación de movilizar a todos los actores universitarios, y reclamar ante las instancias que tienen responsabilidad en eso, un presupuesto para poder funcionar y salarios para evitar» el éxodo.

El profesor advirtió que ha continuado la salida de profesores y estudiantes: «Creemos que en los últimos seis meses hemos perdido entre 15% y 20% de la planta docente, y más o menos así va por la vía de los estudiantes».

Eduardo Sánchez, presidente de Sinatra-UCV, insistió en que trabajadoras y trabajadores necesitan salario. «Además de eso, la eliminación del instructivo Onapre», sostuvo. Sánchez recordó que lo único que se paga en bolívares es el salario, y reiteró que «el salario baja porque sube el dólar».

El dirigente exigió, de nuevo, la libertad de los trabajadores presos, y resaltó que no es posible que el país vaya a un nuevo evento electoral «con alrededor de 2 mil trabajadores y manifestantes presos por defender derechos». Defendió al dirigente opositor Enrique Márquez, quien solo ha defendido la Constitución «y hoy está preso por terrorista».

Las reivindicaciones estudiantiles están claras, aseveró Miguel Ángel Suárez, presidente de la FCU-UCV. Demandó «la liberación inmediata de los profesores Jesús Armas y Rocío San Miguel» y de todos los presos políticos; que se garanticen las condiciones de trabajo en la universidad y se respeten los derechos laborales. También descartó que «nos vayan a comprar con un modelo clientelar» y recalcó que no tienen que ir a los ministerios «a estar pidiendo migajas en los espacios donde están estas personas que hoy están de facto en el poder».

Suárez remarcó que el Estado tiene la responsabilidad de dotar a la UCV con el presupuesto requerido para cumplir con sus compromisos académicos.

Durante la asamblea, Argelia Castillo, secretaria general de Apufat, hizo hincapié en que se precisa «un salario digno» lo establece la Constitución. «Solicitamos el respeto a la autonomía universitaria», que se vulnera con la presencia policial. «Exigimos la libertad de todos los presos. Los presos políticos, sí». Hoy día «se desconoce el paradero de 51 presos» y hay «una situación de totalitarismo».

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