La presidenta de la Alianza Agrominera Mama Pancha, Yunice Barreto, y la vicepresidenta, Gipxi García, presentaron una serie de denuncias públicas contra el Ministerio de Desarrollo Ecológico Minero y la Corporación Venezolana de Minería (CVM), señalando graves irregularidades administrativas y presuntos actos de corrupción que afectan a las pequeñas y medianas asociaciones del estado Bolívar.
Barreto afirmó que desde el año 2023 han tramitado el Registro Único Minero (RUM), la carta de inicio de operaciones, el acta de arrime al Estado venezolano y un adendo técnico para su área en el sector Nacupay del municipio El Callao, sin haber obtenido respuesta oficial. Según sus declaraciones, las autoridades aplican un patrón de desatención sistemática: «El modus operandi de esta Corporación Venezolana de Minería es que hace un silencio administrativo en contra de los mineros del estado Bolívar».
Asimismo, sostuvo que para la obtención del RUM dentro de la institución existen cobros irregulares, aseverando que «el RUM se convirtió en una mercancía dentro del ministerio» y precisó que pequeños mineros de la zona han reportado exigencias de montos que van desde los 6.000 hasta los 25.000 dólares, señalando directamente a la asistente del ministro, Desirée Hidalgo, y a otros funcionarios como intermediarios de estas operaciones.
A la falta de permisología se suma la denuncia sobre acciones arbitrarias por parte de organismos de seguridad e instituciones estatales que operan en las zonas de extracción. La vocera de la Alianza Agrominera Mama Pancha expuso que la respuesta gubernamental a sus reclamos ha sido el uso de la fuerza pública, detallando que las comisiones acuden con «armas largas, encapuchados» pertenecientes a cuerpos como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el JEPAMO y la Guardia Nacional Bolívar.
A la par de estas incursiones, Barreto acusó a la empresa estatal Minerven de incurrir en despojos directos de material y áreas de trabajo tras su disolución jurídica en marzo. «Sale y nos roba las arenas, los cilindros, todo lo que hagamos que a ellos les guste; si aquí yo estoy agarrando oro y ellos se dieron cuenta, vienen, se presentan como Minerven, te sacan y te meten otra persona allí», afirmó la dirigente, refiriendo un evento ocurrido el pasado 22 de septiembre en su espacio de trabajo en Nacupay, donde impidieron el traslado no autorizado de arenas auríferas acopiadas.
Desatención a pasivos ambientales
El conflicto operativo abarca también la gestión de pasivos ambientales en el corredor vial del sector Nacupay. Barreto explicó que la Alianza Agrominera Mama Pancha asumió terrenos afectados por desbordamientos históricos de arenas cianuradas provocados hace más de tres décadas por las empresas Minerven, Revermín y Planta Perú, las cuales contaminaron quebradas y comunidades locales.
Las directivas señalaron que los pequeños mineros asumieron el saneamiento de la capa superficial contaminada con recursos propios para poder acceder al mineral subterráneo, ayudando al Estado a solventar dicho problema. No obstante, cuestionó que los porcentajes de arrime fijados por la Corporación Venezolana de Minería y la reciente reforma legal no se adapten a las realidades de la pequeña minería ni contemplen las inspecciones de campo requeridas por ley para determinar los aportes reales de producción.
Frente al deterioro del sector y el incremento de la presión policial en los yacimientos, Barreto y García, quienes también son activistas social, desestimaron la convocatoria a protestas callejeras y en cambio, plantean la realización de mesas de trabajo directas entre los trabajadores del mineral y las autoridades centrales en Caracas.
Barreto y García instaron al ministro de la cartera minera a revisar la gestión de la cadena de mando en la región, nombrando puntualmente al gerente de regiones de la CVM, capitán Luis Álvarez; al gerente de pequeña minería de Minerven, Erick Sombalesillo; al mayor Serrano; al señor Paul de la CVM; al jefe del sector, Pedro Márquez, y a Gennedy González. «Queremos es denunciar y hacer mesas de trabajo para demostrarle al ministro que está fallando, y que si no es él quien está fallando, que revise a su cuerpo de funcionarios», concluyó una de las representantes.
