No se esperan sorpresas en la conformación de la directiva para el periodo 2023-2024 ante la mínima representación de la oposición. La presión sobre el parlamento viene de otra parte
Jorge Rodríguez luce como el candidato a repetir en la Presidencia de la Asamblea Nacional sin inconvenientes, ya que la mayoría aplastante del oficialismo deja sin la menor capacidad de influencia en esta decisión a la representación opositora.
El rol desempeñado por Rodríguez como negociador en México y más recientemente como representante de Venezuela en la toma de posesión del presidente de Brasil envía la señales de que seguirá al frente del Poder Legislativo, cargo de elección popular y que solo podría ser superado en influencia interna y externa, por la Vicepresidencia Ejecutiva y la Cancillería, cuyos puestos están ocupados estratégicamente por su hermana Delcy Rodríguez y Carlos Faría exembajador en Rusia.
¿Cambios? Es probable que para la primera y segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional puedan aparecer nuevos nombres, sin embargo esto dependerá de las negociaciones y acuerdos producidos al interior del denominado Bloque de la Patria. La participación de la oposición estará en la presidencia de algunas comisiones, como ha sido hasta ahora, si no hay una sorpresa.
El protocolo
Se espera el cumplimiento del protocolo que ya se inició con la convocatoria hecha por Jorge Rodríguez a los 277 diputados para la sesión de instalación este 5 de enero como está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el artículo 219.
Luego de rendir homenaje el Libertador en la Plaza Bolívar entrarán al Palacio Federal Legislativo y Jorge Rodríguez será el presidente accidental o director de debate, hasta que llame al diputado o diputada de mayor edad para que dirija la sesión en donde se escogerá la directiva del periodo 2023- 2024.
La presión
Hasta ahora el oficialismo ha podido controlar con su mayoría abrumadora el parlamento, los planteamientos opositores poco han podido contra la votación del Bloque de la Patria. La Alianza Democrática con sus diputados en las comisiones han puesto reparo a la Ley de Comunas y al Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, como temas más destacados.
Por otra parte el Partido Comunista de Venezuela, con su solitario representante Oscar Figuera, es la voz disidente de una izquierda que no comulga con los planteamientos del Ejecutivo que tiene un respaldo monolítico en los representantes que fueron electos en su fórmula.
En los dos primeros años la AN 2020 aprobó 59 leyes y tiene pendientes otros 39 proyectos. En estos años de gestión la presión más evidente sobre el Legislativo ha estado fuera del hemiciclo con los activistas de las llamadas «minorías» organizadas
Feministas y el colectivo LGBTIQ+ esperan respuestas en el período legislativo que comienza hoy jueves 5 de enero de 2023.
Los temas por los cuáles presionan son la despenalización del aborto, el respeto al derecho a la identidad de personas transgénero y la legalización del matrimonio igualitario.
Las protestas que más resonancia tuvieron en los últimos tres meses del año 2022 fueron las de los activistas LGBTIQ+ que exigían la posibilidad del cambio de nombre de las personas trans, intersexuales y no binarias. Esta exigencia se basó en una Ley del 2009 y que garantiza este derecho, pero que hasta el momento de activarse las protestas no había sido respetado por los registros civiles.
Esto abre el juego para la discusión de otros aspectos que reclama esta comunidad entre los que se señala que un hombre homosexual no está en capacidad de donar sangre, no pueden casarse parejas gais, existe la pena de cárcel para los militares que tenga actividad sexual con personas del mismo sexo.
Cada una de estas situaciones son consideradas actos de discriminación y segregación por parte del Estado.
Otro frente que tiene abierto la Asamblea Nacional es el debate por la despenalización del aborto, propuesta de ley llevada adelante por los colectivos feministas y respaldada por otras comunidades que se consideran segregadas.
El planteamiento tiene como meta que el procedimiento de interrupción del embarazo pueda hacerse de forma «legal, segura, gratuita y acompañada». Esto ha sido bloqueado de forma militante por los parlamentarios evangélicos y por sectores conservadores del oficialismo.
Unas 25 Organizaciones No Gubernamentales venezolanas han hecho una propuesta de Ley y fijaron como meta la recolección de 21.000 firmas, para introducir este instrumento legal a discusión. La propuesta establece la supresión de cuatro artículos del Código Penal que prevén penas de privación de la libertad para las mujeres que se practiquen abortos.
Política y economía
Respecto a las decisiones políticas y económicas están las discusiones sobre el Estado Comunal, las «irregularidades» denunciadas por algunos diputados opositores sobre la discusión de la Ley de Presupuesto y las exigencias laborales de trabajadores y jubilados.
El Estado Comunal planteado está respaldado por la modificación a la Ley Orgánica de las Comunas y según la argumentación oficialista se persigue «construir un modelo que garantice la democracia participativa y protagónica como derechos constitucionales del pueblo, que contemple la transformación del país en una sociedad más humana y con sentido del respeto a los derechos humanos».
Jorge Rodríguez señaló al respecto: “Aquí se están reformando las leyes existentes para hacer más eficiente el trabajo de los consejos comunales y comunas”.
Desde la bancada opositora se advierte la inconstitucionalidad de este planteamiento porque estas decisiones apuntan a quitarle competencias a las gobernaciones y alcaldías. Bajo esta premisa indican que se está atentando contra el Estado federal y descentralizado previsto en la Constitución.
En el plano económico la aprobación de la Ley de Presupuesto de 2023, «sin una discusión seria y amplia», según el criterio del parlamentario de Acción Democrática, Luis Eduardo Martínez, atenta contra los intereses de los trabajadores.
Entre las muchas objeciones esgrimidas destaca la depreciación que sufren las cifras asignadas a los ministerios y entes descentralizados desde que se propone hasta que se aprueba el instrumento legal. Esto afecta los beneficios salariales de los trabajadores de la administración pública y las capacidades del Estado de asumir sus responsabilidades, esgrime Martínez.
Por otra parte esa misma distorsión le entrega al Ejecutivo mayor discrecionalidad en el manejo de los ingresos que, al provenir fundamentalmente de las exportaciones petroleras y otras ventas al exterior, se perciben fundamentalmente en divisas y ajustan por sí solos los montos en bolívares convirtiéndose en recursos adicionales que deben cumplir con menos obligaciones de Ley.
Martínez propuso que se anclara el monto del presupuesto a una moneda de referencia que puede ser el dólar, el euro, o «el yuan de nuestros hermanos chinos», dijo con sarcasmo, para evitar que se devalúe en su origen el salario de los trabajadores y los recursos que deben ser invertidos en salud, educación, programas sociales y las demás funciones que tiene Estado.
Por otra parte está la movilización de los trabajadores y jubilados que durante 2022 presionó con fuerza al equipo económico de la administración Maduro, al punto que le costó la cabeza al Jefe de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).
Hasta ahora estas movilizaciones no han llegado hasta el Legislativo porque los dirigentes entienden que el reclamo es contra el patrono. ¿Buscarán apoyo en los representantes del pueblo ante uno de los Poderes Públicos?
¿Qué concentrará la discusión del parlamento electo 2020 durante este 2023?
¿Serán las denominadas «minorías» las que le marcarán el paso desde la calle?
¿Podrán las minoritarias voces de la oposición y la disidencia en el hemiciclo detener la aplanadora de la mayoría oficialista?
Eso está por verse porque no tenemos bolas de cristal para mirar el futuro, solo andamos con pies planos pisando tierra y evaluando la realidad política, económica y social de la Venezuela de esto tiempos.
El juego sigue.
