«Con la pasividad del personal del Plan República, paralizaron en dos oportunidades el proceso de votación. En cada oportunidad por un lapso cercano a una hora», denunció el Partido Comunista de Venezuela en una carta dirigida al CNE
El Partido Comunista de Venezuela (PCV) denunció este domingo 21 de noviembre, una serie de irregularidades que se registraron durante la jornada electoral en el municipio Jesús María Semprum del estado Zulia. El candidato del PCV para esta localidad. Whyssmans González, alertó durante la campaña electoral que podría haber violencia por parte de los seguidores del oficialismo.
La denuncia fue compartida a través de una carta pública del PCV al Consejo Nacional Electoral (CNE), donde enumeran las acciones que ellos califican como: «grave situación de violación de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía» en esta entidad.
Desconocer las credenciales de los testigos acreditados por el PCV ante el CNE, paralizar el proceso de votación, permitir la represión de los votantes que exigían ejercer su derecho, cerrar en forma ilegal y arbitraria centros de votación, son algunas de las situaciones que denuncia el partido del Gallo Rojo.
Sin embargo, lo más preocupante «fue el asalto al Centro de Votación Rafael Urdaneta, para apropiarse de los ‘chorizos’ con los resultados y de los equipos, para trasladarlos a la Junta Electoral Municipal y, desde allí, sin la presencia de la gente, transmitir los ‘resultados electorales'».
La suma de todas situaciones llevo a exigirle al Poder Electoral y al Plan República que actúen «para que se restituyan y garanticen los derechos constitucionales y legales del pueblo de Jesús María Semprún, así como los que conciernen a la candidatura postulada por el PCV a la Alcaldía por este municipio».
El PCV demandó la destitución de la funcionaria Ramilis Sánchez, coordinadora municipal del CNE, a quien responsabilizan de presuntamente violentar con un grupo de choque la puerta del centro educativo en el estado Zulia. Además, pidieron abrir una exhaustiva investigación que identificar a los responsables legales de estos hechos y propongan sanciones a quienes hayan cometido delito electoral.
Este municipio, en el sur del Lago de Maracaibo, estaba bajo el gobierno del oficialismo.