La organización política opositora Movimiento Por Venezuela (MPV) manifestó este miércoles su postura ante la reciente iniciativa del Parlamento de reestructurar el Poder Judicial, abogando por un proceso de negociación que calificó de «serio y eficaz». Esta propuesta surge luego de que la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, aprobara en primera discusión un proyecto de ley para incrementar el número de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Andrés Caleca, integrante de la formación, enfatizó a través de la red social X la necesidad de que dicho proceso cuente con acompañamiento externo para asegurar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.
«Una negociación que cuente, además, con una mediación internacional suficientemente fuerte como para constituirse en garante de la correcta aplicación de lo acordado», indicó el dirigente.
Inclusión de diversos sectores sociales
Para el MPV, la reestructuración de la justicia no debe limitarse únicamente a los actores políticos tradicionales. Caleca sostuvo que en este diálogo deben participar el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, junto a universidades nacionales, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, gremios profesionales, ONG, y representantes de los sectores empresarial y laboral.
El pasado martes, el Legislativo dio luz verde inicial a una reforma que pretende elevar de 20 a 32 el número total de magistrados en la máxima instancia judicial del país. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, argumentó que esta modificación responde a un «interés profundo de llegar a una verdadera transformación del sistema de justicia».
- Salas afectadas: Las salas Político Administrativa, Casación Civil, Casación Penal, Casación Social y Electoral pasarían de 3 a 5 magistrados.
- Sala Constitucional: Incrementaría sus integrantes de 5 a 7 magistrados.
Este cambio normativo, que requiere una segunda votación para su sanción definitiva, coincide con el proceso de selección de nuevos magistrados iniciado por el Parlamento para cubrir vacantes generadas por jubilaciones y renuncias.
La propuesta legislativa se suma a las acciones impulsadas desde el Ejecutivo. En abril pasado, la presidenta encargada Delcy Rodríguez instaló la comisión para la Gran Consulta sobre la Reforma de la Justicia Penal, con la meta declarada de erradicar problemas persistentes como la corrupción y el retardo procesal en el sistema judicial venezolano.
