Un Parlamento asegura que mantendrá sus funciones y sesionará donde pueda mientras otro se instala en el Palacio Federal Legislativo
Este martes 5 de enero de 2021, se instala la Asamblea Nacional (AN) escogida en las elecciones del 6 de diciembre de 2020, con problemas de reconocimiento nacional e internacional por las condiciones en las cuales se efectuaron los comicios. Pero este 5 de enero también sesionará la AN del año 2015, con base en la tesis de la continuidad administrativa (rechazada por el Tribunal Supremo de Justicia). El oficialismo da por terminado el periodo del Poder Legislativo de 2015, y la oposición encabezada por Juan Guaidó desconoce el Poder Legislativo de 2020. La administración de Nicolás Maduro, con el pretexto de la COVID-19, impone una cuarentena radical que impide que la población manifieste, si así lo desea, contra la instalación de la AN de mayoría oficialista. El coctel perfecto para una escalada en el conflicto político.
Parece claro que la crisis política venezolana, lejos de resolverse, se profundiza y se complejiza, y divide aún más a una oposición ya bastante fragmentada; incluso, hasta el punto de que parlamentarios de la AN de 2015, como Stalin González, Marialbert Barrios y Rafael Guzmán, dieron por terminadas sus funciones como legisladores. En una entrevista con el portal Punto de Corte, el diputado Macario González lo atribuyó al temor a la represión y puntualizó que no lo criticaba.
La cuestionada reelección del mandatario Nicolás Maduro en 2018 desembocó en la juramentación de Guaidó como presidente interino y presidente del Parlamento a partir de enero de 2019, funciones que siguió ejerciendo en 2020. La decisión del bloque liderado por Guaidó de no participar en las elecciones parlamentarias convocadas para 2020 -por considerar que no había condiciones para un proceso libre-, lejos de llevar a la administración de Maduro a suspender los comicios y buscar acuerdos, radicalizó al oficialismo. Otro sector de la oposición sí se sumó a la convocatoria y obtuvo pocos escaños.
Internacionalmente Maduro cuenta con el apoyo de Rusia, Irán y Turquía. El politólogo John Magdaleno no duda en calificarlo como un régimen autoritario, pero insiste en que mientras más autoritario sea, menos condiciones electorales otorgará a sus adversarios, y más se aleja la posibilidad de elecciones libres (presidenciales y parlamentarias).
Guaidó y la continuidad administrativa, por su parte, tienen el respaldo de países como Estados Unidos y Canadá. Carlos Vecchio, representante de Guaidó en territorio estadounidense, confirmó que EEUU emitió una licencia según la cual mantiene su reconocimiento al interinato.
En medio del conflicto se encuentra un 85% de la población en pobreza (de acuerdo con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida-Encovi), una emergencia humanitaria compleja reconocida como tal por Naciones Unidas y la imposibilidad de acceder a financiamiento internacional debido al conflicto de legitimidad.
Expertos como Kenneth Ramírez e Igor Cuotto sostienen que el camino debe ser la negociación política en lugar de la profundización del enfrentamiento, e incluso plantean la necesidad de dar incentivos al sector que respalda a Maduro para que acepte realizar elecciones en condiciones más democráticas. Ambos señalan que los cambios que pueda introducir el presidente electo de EEUU, Joe Biden, pueden ser claves para un cambio.
