En una rueda de prensa celebrada este martes en la Plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPE) presentó un balance sobre la situación de los detenidos en el país tras los recientes anuncios de medidas de gracia. Diego Casanova, integrante del comité y familiar de un detenido el pasado 28 de julio, denunció que las cifras reales de liberación distan significativamente de las expectativas creadas por las autoridades.
Casanova destacó que, tras un monitoreo exhaustivo realizado por familiares y organizaciones de derechos humanos, solo se ha podido verificar un número reducido de casos. «Estas excarcelaciones nosotros, que las hemos venido monitoreando hasta el día de hoy, solamente podemos constatar 69 casos. Es el número de excarcelaciones que nosotros tenemos a esta hora», afirmó el vocero, señalando que esto demuestra que no se ha efectuado el volumen significativo mencionado en vocerías oficiales.
Alerta por «puerta giratoria» y nuevas detenciones
El representante del CLIPPE advirtió que, lejos de cesar, la represión ha continuado en los últimos días, registrándose incluso un aumento en el número de víctimas. «En las últimas horas, en los últimos días luego de que se generó esta expectativa, se han sumado nuevos casos y desde el comité incluso ya llevamos una cifra de al menos 100 personas nuevas que se han registrado que han sido víctimas de la represión en Venezuela», detalló Casanova.
Según el vocero, el país mantiene a más de 1.000 personas detenidas injustamente, y el proceso de liberación ha estado marcado por la falta de transparencia. «Ha reinado la opacidad, el ocultismo y la clandestinidad incluso en las descarcelaciones. Por eso es que no podemos comprobar que efectivamente el número que se maneja de manera oficial sea el cierto», explicó, añadiendo que ninguna institución ha facilitado listas o criterios claros sobre quiénes serán beneficiados.
Denuncias de tortura y desaparición forzada
Casanova describió un panorama de «terror sostenido» que ha impedido a muchas familias denunciar previamente por miedo a represalias. Relató que existen madres que aún desconocen el paradero de sus hijos: «Van a los centros de reclusión y los funcionarios se los niegan. Es un trato cruel e inhumano lo que hoy vemos de unos funcionarios del Estado que tienen la responsabilidad de informar».
Asimismo, se refirió a las condiciones en las que están saliendo los pocos liberados: «Las personas salen con la amenaza de no poder declarar lo que les hicieron en las cárceles, porque los amenazan de que si dicen el horror que les hicieron vivir, entonces se los van a llevar presos a ellos y a su familia».
Llamado a un «Movimiento de Movimientos»
Ante esta situación, Diego Casanova hizo un llamamiento a la sociedad civil y a la comunidad internacional para conformar una plataforma amplia de exigencia por los derechos humanos. «Invitamos al país y al mundo a la constitución de un gran movimiento de movimientos por la libertad de todos los presos políticos en Venezuela», manifestó.
El vocero subrayó que este movimiento debe ser inclusivo y «sin mezquindad», abarcando a todos los sectores afectados: «Nuestro compromiso es con esas personas también, incluso con los funcionarios que están hoy detenidos tras las rejas por desobedecer órdenes arbitrarias que violentan la Constitución. Incluso para aquellos que se sientan en algún momento chavistas disidentes».
Finalmente, Casanova exhortó a la población a acompañar a los familiares en los lugares de concentración. «No puede haber transición en Venezuela si no hay libertad plena e incondicional de todos los presos políticos», concluyó.
