«La revista Semana ha cometido la peor canallada de su existencia. El propietario de la revista será demandado por mis hijas al afectarles en lo más profundo de su existencia», escribió Petro en su cuenta de X
El expresidente colombiano Gustavo Petro revelo el pasado lunes que sus hijas demandarán al propietario de la revista Semana, Gabriel Gilinski, por las acusaciones de presunto narcotráfico y tráfico de armas publicadas contra su expareja, la ex primera dama Verónica Alcocer.
«La revista Semana ha cometido la peor canallada de su existencia. El propietario de la revista será demandado por mis hijas al afectarles en lo más profundo de su existencia», escribió Petro en su cuenta de X.
La reacción del exmandatario se produce después de que la revista publicara el fin de semana una entrevista con la española Eva Ferrer, quien fue asesora de Alcocer y consejera de su gobierno (2022-2026), en la que la señaló de supuestamente transportar drogas en una aeronave oficial durante viajes a Venezuela y regresar a Colombia con 2,5 millones de dólares.
Ferrer también mencionó presuntos vínculos de personas del entorno de la ex primera dama con el tráfico de armas, en unas declaraciones no constituyen hechos probados y deberán ser contrastadas por las autoridades.
Petro cuestionó la solidez de los señalamientos y sostuvo que el testimonio de Ferrer se basa en información que, según ella misma habría reconocido, le fue transmitida por terceros.
El expresidente aseguró además que un video desmiente las pruebas presentadas por la entrevistada, aunque en su mensaje no detalló su contenido.
El líder izquierdista también defendió a los integrantes de la Fuerza Aérea que estuvieron a cargo de la seguridad de su familia durante su mandato y advirtió de que las acusaciones podrían afectar a oficiales que, según dijo, se limitaron a cumplir las órdenes de sus superiores.
El sábado, el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ordenó una investigación exhaustiva sobre las denuncias y pidió a la Fiscalía, la Procuraduría, la Corte Suprema de Justicia y las autoridades estadounidenses que las examinen dentro de sus competencias.
De la Espriella advirtió que, si se comprueba la participación de miembros de la Fuerza Aérea en los hechos denunciados, serán llamados a calificar servicios y deberán responder ante las autoridades competentes.
