El caso de Hermágoras González fue presentado públicamente este miércoles por el diputado Antonio Ecarri para ejemplificar las razones por las cuales hay que reformar el sistema de justicia penal. El legislador, fundador del Lápiz, relató que González fue condenado a 15 años y nueve meses de prisión, y lleva más de 18 años encarcelado. Al día de hoy, se encuentra en la cárcel de Yare (Miranda). No solo se presume que es inocente, explicó el parlamentario, sino que además ya cumplió de sobra la condena que le fue impuesta. Sin embargo, sigue preso.
Ecarri informó que se compromete con la reforma iniciada por el ejecutivo venezolano, pero precisó que, para cambiar algo, primero hay que saber qué pasa realmente. Aseguró que en la población hay miedo a las alcabalas policiales y a una posible «siembra», y también existe verdadero pánico de ser apresado.
Pero el diputado se hizo una pregunta que podría poner el dedo en algunas llagas. «No, es que usted está preso por ‘orden de arriba’. Pero vamos a ponerle nombre y apellido a ‘arriba’. ¿Es el ministro? ¿Es el presidente? ¿Qué es arriba? ¿Es dios todopoderoso? ¿O usted se transporta? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo que ‘de arriba?'», interrogó.
Un juez sostiene que espera «órdenes de arriba» para dictar una sentencia absolutoria, comentó. «¿Cómo es eso? ¿Quién es ‘arriba’? Señor, con decir eso ‘pa’arriba’. No, está violando usted la ley y está violando la Constitución, y les está violando los derechos humanos a los venezolanos cada vez que un juez bien pendejo viene a decirles a los venezolanos que tiene que consultar ‘arriba’ si tiene que absolver o no tiene que absolver. Aquí, cada quien a poner su grano de arena en la reconstrucción de Venezuela».
Instituciones antiextorsión
Como parlamentario, Ecarri instó a que se realice una consulta amplia y plural sobre el sistema penal, para que la población pueda expresar qué espera de la justicia.
Al fiscal general, Larry Devoe, le propuso crear una fiscalía especial antiextorsión, así como también encargarse de la línea 0800 que anunció la presidenta Delcy Rodríguez. A la defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, le planteó conformar una defensoría antiextorsión que reciba las denuncias de la ciudadanía y la proteja de las irregularidades que puedan cometer funcionarios policiales.
