La parlamentaria de 2015 Delsa Solórzano informó que están haciendo llegar de manera directa a la Fiscalía de la CPI todas las pruebas
La Comisión Delegada de la AN de 2015 concluyó que, la reforma del sistema judicial es como un mecanismo para eludir la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI).
La diputada Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Paz de la AN, tildó de «maquillaje» esta reforma que busca no solo ejercer un cambio de magistrados del TSJ, sino también promover la impunidad de los responsables de crímenes de lesa humanidad señalados por la CPI.
Aseguró que no se resolverá el sistema de administración de justicia, pues a su juicio «no existe esta posibilidad mientras que en el ejercicio del poder esté un régimen dictatorial, que se caracteriza por la ausencia de separación de poderes y el secuestro de todos ellos, para ponerlo al servicio de la mal llamada revolución socialista del siglo XXI».
La parlamentaria informó que están haciendo llegar de manera directa a la Fiscalía de la CPI todas las pruebas «para dejar constancia fehaciente de esta atroz de la dictadura, que pretende dejar de nuevo a las víctimas sin justicia».
Por su parte, la parlamentaria Tamara Adrián cuestionó la reforma judicial de la AN de 2020 y acotó que «la idea era que podían perpetuarse en esas salas los actuales integrantes y hacer quórum, pero después se dieron cuenta de que había que ir a un proceso de nombramiento. Pero los magistrados que están actualmente en el TSJ no pueden participar porque excedería del límite de los 12 años que establece la Constitución».
La diputada Yajaira Castro advirtió que la reforma del sistema de justicia «busca preparar un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ ) a la medida del régimen y frenar el avance de la investigación contra el régimen que cursa en la CPI por crímenes de lesa humanidad contra el pueblo venezolano». Se «busca lavar la cara a un expediente que suma más de 200 presos políticos, persecuciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales y severos señalamiento sobre violaciones sistemática de los derechos humanos».
Castro recordó que durante años se intentaron varias reformas judiciales, «las cuales todas han fracasado y quedaron en meros anuncios sin ejecutar».
