Ha llegado la hora de hablar sin miedo y sin ambigüedades.
Ha llegado la hora de defender sin temor aquello en lo que creemos.
El socialismo del siglo XXI no fracasó por errores de gestión. Fracasó porque su concepción del hombre es incompatible con la libertad, la dignidad y la creación. Durante casi treinta años concentró el poder económico en el Estado, aplastó la iniciativa privada con controles y expropiaciones, y convirtió la renta petrolera en instrumento de clientelismo y poder. El resultado está a la vista: destrucción del tejido productivo, hiperinflación, emigración masiva, empobrecimiento generalizado y deterioro del patrimonio natural. No fue un accidente. Fue el desenlace inevitable de un modelo que niega la persona.
Frente a esa destrucción, la democracia cristiana no puede limitarse a criticar. Tiene el deber de presentar una alternativa clara, distinta y viable. Y esa alternativa comienza por algo que ha sido atacado y perseguido de forma sistemática: la propiedad privada.
La propiedad privada no es un privilegio. Es un derecho natural, expresión de la dignidad de la persona y condición indispensable de la libertad. Sin propiedad privada no hay iniciativa, no hay responsabilidad, no hay creación de riqueza y no hay sociedad libre. Por eso el socialismo del siglo XXI la atacó con saña: porque sabía que mientras exista propiedad privada real, el poder del Estado encuentra un límite. Nosotros la defendemos sin complejos. La propiedad privada tiene función social y ecológica. Pero esa función no justifica nunca la confiscación arbitraria ni la incertidumbre jurídica permanente. Quien no garantiza la propiedad privada, no garantiza la libertad.
Restablecer el derecho de propiedad no es una consigna abstracta. Significa seguridad jurídica real, fin de las expropiaciones arbitrarias, reglas claras y estables para la inversión, y el reconocimiento efectivo de que lo que una persona o una empresa ha construido no puede ser confiscado por decisión política. Sin eso, cualquier discurso sobre recuperación económica es solo retórica.
Sobre esa base se sostiene la empresa privada. Ella es el motor esencial de la creación de riqueza, empleo e innovación. Solo dentro de reglas claras, instituciones independientes y seguridad jurídica real puede cumplir su función. No defendemos el capitalismo de privilegios ni el estatismo disfrazado. Defendemos un orden donde el mercado asigna recursos con eficiencia, la propiedad está protegida, el Estado actúa de manera subsidiaria y la producción asume responsabilidad social y ambiental.
El principio es nítido: “tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario”, con el límite explícito de no destruir el patrimonio natural de las generaciones futuras.
Rechazamos la idea de querer igualar a todos a la fuerza, porque eso mata el esfuerzo y las ganas de la gente, y más aún cuando esa igualación es hacia abajo. También rechazamos el egoísmo que solo piensa en uno mismo y se olvida de las generaciones que vienen después. Defendemos salarios dignos basados en productividad, oportunidades reales y políticas contra la pobreza que no generen dependencia. La renta de los recursos naturales debe orientarse, bajo reglas transparentes, a capital humano, infraestructura sostenible y diversificación, impulsada preferentemente por la iniciativa privada.
Hoy, a finales de 2026, aparecen señales de recuperación petrolera, reencuentro internacional y apertura a la inversión. Ese crecimiento solo será sostenible si se abandona de raíz la lógica del control y se restablece, sin medias tintas, el derecho de propiedad. No se trata de administrar mejor el modelo fallido. Se trata de cambiarlo.
Nuestra propuesta parte de una idea distinta del ser humano. El hombre no es una pieza del Estado ni alguien que solo piensa en sí mismo. Es una persona con dignidad, llamada a ser libre, a ser responsable y a cuidar de la creación. Por eso defendemos sin complejos la economía social y ecológica de mercado —fundada en la propiedad privada, en la empresa y en instituciones creíbles— como la vía compatible con la democracia, la justicia, el desarrollo integral y la sostenibilidad. Este modelo no es una teoría abstracta. Fue el que permitió la reconstrucción y el desarrollo de países como Alemania e Italia después de la Segunda Guerra Mundial, combinando libertad económica, justicia social e instituciones sólidas.
El llamado es a proponer sin miedo y sin pena nuestros postulados. Como nos recordó San Juan Pablo II al iniciar su pontificado:
«¡No tengáis miedo! ¡Abrid, más todavía, abrid de par en par las puertas a Cristo!»
Abrid también, añadía, los sistemas económicos y políticos a su potestad salvadora. Esto implica también abrir los sistemas económicos a la dignidad de la persona, a la libertad responsable y a la justicia que no se impone por la fuerza del Estado.
No tenemos que pedir permiso para defender lo que somos. No tenemos que suavizar nuestros principios y valores para resultar aceptables. Tenemos el deber de presentar con firmeza una alternativa humanista, realista y distinta. Venezuela necesita claridad y certeza. Necesita un camino coherente.
Ese es nuestro deber histórico: defender sin miedo las ideas en las que creemos.
