Reynaldo Cortés, Alcides Bracho, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Alonso Meléndez y Néstor Astudillo seguirán presos. El abogado Eduardo Torres teme que haya un «juicio exprés», que los seis luchadores sean condenados rápidamente «para enviar un mensaje a los trabajadores que siguen protestando en la calle»
La jueza del Tribunal Segundo de Primera Instancia con competencia en casos vinculados con el terrorismo decidió, esta semana, dejar en prisión a seis luchadores sociales encarcelados desde julio de 2022, acusados de los presuntos delitos de conspiración y asociación para delinquir. Se trata de Reynaldo Cortés, Alcides Bracho, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Alonso Meléndez y Néstor Astudillo.
Este jueves el abogado Eduardo Torres, defensor de Negrín, rechazó la medida de la jueza. «Lamentamos la decisión porque ella niega la revisión de la medida cautelar sustitutiva (para seguir el juicio en libertad) que hicimos el lunes 6 de febrero, el día de la apertura del juicio. El 7 de febrero, como defensa de Emilio Negrín, consigné ante su despacho las comisiones del mandato de dos relatorías de la ONU que exigen la liberación de los luchadores», explicó Torres.
Los pronunciamientos de las relatorías son de finales del año 2022. «La jueza no podrá alegar nunca que no se enteró de esta situación. Estos mandatos se le consignaron en físico. Incluso, las relatorías han advertido que se está haciendo un uso arbitrario de la detención como método de persecución en Venezuela, y que ellos exigen que se deje de utilizar la prisión preventiva como mecanismo», señaló. Torres recordó que el alto comisionado de DDHH también solicitó que cese en el país el uso de la prisión preventiva.
Para el abogado no hay ninguna razón que avale el juicio en prisión, porque los dos elementos que la justificarían -peligro de fuga y obstrucción a la justicia- no se cumplen. «Ellos son dirigentes de centrales sindicales, luchadores de derechos humanos que no quieren irse de Venezuela; por el contrario, están al lado de los venezolanos exigiendo derechos. Y el segundo elemento que puede alegar es obstrucción a los juicios penales, y precisamente en Venezuela hay un sistema que no es autónomo, que no es imparcial, pero no son precisamente los trabajadores los que ejercen influencia en los tribunales; los trabajadores, en todo caso, son víctimas», aseveró.
El activista insistió en que estos juicios son observados por dos relatorías de la ONU, la Misión de Detrminación de Hechos y la fiscalía de la Corte Penal Internacional, organismos que han determinado «que el sistema judicial en Venezuela está siendo cómplice necesario en la comisión de delitos y crímenes de lesa humanidad. Esta jueza no podrá decir más adelante que ella no sabía que esos organismos están estableciendo que deje de perseguirse y encarcelarse a la disidencia».
Como abogado defensor indicó que seguirá asistiendo a los juicios «aunque no son tales, porque si fuese por justicia nuestros compañeros deberían estar en libertad. No han cometido delito. Los presuntos elementos de convicción no establecen delito, y en el derecho penal estamos hablando de que, para que exista delito, debe haber una acción culpable, y aquí no se ha cometido nada. Los mismos cuerpos de seguridad del Estado se contradicen».
Torres afirmó que el Estado y el gobierno saben «que aquí no hay delito». Instó a la Fiscalía a actuar de buena fe y aseveró que no la tiene: «Sigue ratificando los delitos de conspiración y asociación para delinquir» aun cuando «la única asociación de estos seis luchadores es para defender derechos humanos laborales en Venezuela».
Teme que haya un «juicio exprés», que los seis luchadores sean condenados rápidamente «para enviar un mensaje a los trabajadores que siguen protestando en la calle». De ser así, podrían ser penados hasta con 15 años de cárcel. Antes de que eso ocurra, reitera que hay varias vías para liberarlos, como una medida humanitaria.
