La defensora del pueblo, Eglée González Lobato, anunció desde el estado Anzoátegui el próximo lanzamiento oficial del programa “Jóvenes Defensoriales”, una iniciativa orientada a formar a la juventud en la defensa de los derechos fundamentales, la gestión de riesgos comunitarios y la atención integral a adolescentes en conflicto con la ley penal.
Durante la Consulta Nacional por la Reforma de la Justicia Penal, la titular del órgano defensorial adelantó los detalles de este proyecto que se ejecutará en alianza con el Ministerio para el Servicio Penitenciario, que contempla talleres, diplomados y programas de formación especializada para garantizar una reinserción social y comunitaria efectiva.
“Queremos jóvenes solidarios que no solo prevengan situaciones de riesgo en sus comunidades, sino que también tiendan la mano con formación y oportunidades a quienes se encuentran en centros de atención procesal”, aseguró en referencia a lo que se busca consolidar con este proyecto.
En cuanto a la Consulta, la Defensora enfatizó que la igualdad ante la ley debe ir acompañada del aseguramiento de las garantías constitucionales en todo el territorio nacional. “La pobreza no puede convertirse en una circunstancia que agrave la situación procesal de una persona, ni mucho menos una razón que determine su privación de libertad”, afirmó.
También, hizo énfasis en la diversidad territorial del estado Anzoátegui, que abarca 43.000 km con realidades pesqueras, agrícolas, petroleras, turísticas e indígenas, para reflexionar sobre cómo la distancia geográfica y las particularidades culturales pueden incidir en el acceso a la asistencia jurídica.
En materia de garantías procesales, reiteró que la prisión preventiva no debe convertirse en una sanción anticipada y debe aplicarse bajo criterios de necesidad y proporcionalidad, resguardando el principio de presunción de inocencia y evitando el retardo procesal.
De igual forma, resaltó además la urgencia de atender con perspectiva diferencial la situación de las mujeres e indígenas en el sistema penal, advirtiendo el impacto negativo que genera la privación de libertad en el tejido social y familiar.
