El constitucionalista enfatizó que los actos de la Contraloría son de control fiscal así que solo el poder judicial, después de un proceso, como un antejuicio de mérito o un allanamiento de la inmunidad puede proceder a la inhabilitación política de algún funcionario público

El abogado José Vicente Haro señaló este jueves 28 de marzo que la Contraloría de la República no tiene las facultades para inhabilitar a ningún funcionario político como en el caso del diputado Juan Guaidó.

Haro fue entrevistado por el equipo de Contrapunto y explicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) en “el caso de Leopoldo López en noviembre del 2011, dejó establecido que solo por sentencia judicial firme puede considerarse inhabilitada una persona”.

El contralor general de la República, Elvis Amoroso, sancionó con la inhabilitación política durante 15 años al diputado Juan Guaidó porque asegura que falseó su declaración jurada.

Amoroso señala que Guaidó ha realizado más de 90 viajes, donde ha gastado cuantiosas sumas de dinero que no pueden ser cubiertas por un servidor público.

Reiteró que la contraloría no tiene facultades constitucionales para inhabilitar políticamente a persona alguna debido a que es un órgano administrativo.

Haro enfatizó que los actos de la Contraloría son de control fiscal, así que solo el poder judicial después de un proceso como un antejuicio de mérito o un allanamiento de la inmunidad por parte del parlamento se puede proceder a la inhabilitación política, de demostrarse que incurrió en falta alguna.

En resumidos términos, “la Contraloría se está extralimitando totalmente de sus atribuciones constitucionales y legales”.

El abogado recalcó que en la potestad del ente contralor solo se encuentra la investigación, garantizar el derecho a la defensa, el derecho al debido proceso, promover y presentar pruebas para posteriormente pronunciarse o imponer una sanción administrativa.

Tras la inhabilitación de Juan Guaidó, “ya viene una condición de pacto y de hecho irregular”, menciona Haro, y ve como probable que abandone su cargo.

A su vez, señala que entre las próximas acciones se prevé que la Contraloría envié un oficio al Consejo Nacional Electoral para solicitar el levantamiento de un código para evitar que Guaidó pueda inscribirse en un cargo de elección popular en los próximos comicios, es decir, no podría postularse a elecciones presidenciales ni a las venideras elecciones parlamentarias.