La violencia en la Amazonía dejó de ser un problema aislado de narcotráfico o minería ilegal para convertirse en una crisis regional que amenaza a comunidades indígenas, acelera la destrucción ambiental y evidencia la débil presencia estatal en una de las regiones más estratégicas del planeta, según advierte International Crisis Group.
En el informe ‘Proteger la Amazonía’, el grupo de análisis alerta sobre la expansión de redes criminales en territorios amazónicos de Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela, donde el narcotráfico se combina cada vez más con la minería ilegal, la tala, el tráfico de fauna, el control de rutas fluviales y el acaparamiento de tierras.
También advierte de la creciente expansión de grupos criminales brasileños hacia países vecinos para controlar cadenas de suministro y rutas del tráfico ilegal.
«Aprovechando la debilidad de la gobernanza, estos grupos se adentran en la selva protegida en busca de nuevas rutas para el narcotráfico y zonas para la minería ilegal, dejando una huella profunda y, en ocasiones, irreparable en el medio ambiente», señala el informe.
En ese sentido, indica que «para frenar» la situación los gobiernos deben intensificar su cooperación y trabajar estrechamente con las comunidades indígenas» y, además, menciona que los compradores internacionales de materias primas «también desempeñan un papel fundamental para garantizar que las cadenas de suministro globales no se beneficien de la destrucción de la Amazonía».
Violencia que silencia
Uno de los aspectos que el informe aborda con mayor énfasis es que la violencia en la Amazonía ya no se limita a enfrentamientos armados visibles, sino que ahora se manifiesta mediante control territorial, amenazas, reclutamiento forzado y desplazamientos silenciosos de comunidades indígenas y campesinas.
Los grupos criminales imponen sus reglas, cobran extorsiones, controlan el transporte fluvial y deciden quién puede entrar o salir de determinados territorios, lo que ha llevado a muchas comunidades indígenas a vivir bajo un régimen de miedo permanente.
Denunciar estas prácticas resulta prácticamente imposible debido a la ausencia del Estado y al temor a represalias armadas, según el informe.
La situación es especialmente crítica en regiones fronterizas como la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú, donde organizaciones criminales aprovechan la limitada cooperación judicial y policial para moverse entre jurisdicciones.
El informe también pone el foco en un fenómeno poco tratado hasta ahora: el creciente reclutamiento de jóvenes indígenas por parte de redes criminales que ofrecen dinero, protección o acceso a bienes básicos en regiones donde el Estado apenas tiene presencia.
Según el análisis, muchas comunidades amazónicas están expuestas a la pobreza, el aislamiento y la falta de oportunidades, factores que facilitan la penetración del crimen organizado.
Además, las mujeres indígenas están entre las principales víctimas de explotación sexual, trata y violencia asociada a campamentos mineros ilegales y corredores del narcotráfico.
La investigación sostiene que, en varios territorios, las organizaciones criminales ya sustituyen al Estado al imponer sistemas paralelos de «seguridad», justicia y control económico.
Economías criminales
El informe señala que la economía criminal amazónica se volvió mucho más sofisticada y rentable en los últimos años.
Aunque el narcotráfico sigue siendo una actividad central, el oro ilegal se ha convertido en uno de los principales motores de violencia y destrucción ambiental en la Amazonía, ya que genera ganancias rápidas, facilita el lavado de dinero y requiere menos infraestructura que el tráfico de cocaína.
La minería ilegal también provoca contaminación por mercurio, destrucción de ríos y disputas armadas por el control de territorios en países como Brasil, Perú y Venezuela, donde grupos armados controlan minas ilegales y corredores de comercialización. EFE
