En la morgue de Bello Monte, familiares denunciaron a la prensa que los funcionarios «matan a las personas» dentro de las casas y simulan el enfrentamiento
Eva Castro, madre de Javier José Castro Castro (19) denunció que su hijo fue asesinado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas la noche del martes 27 de julio, dentro de una residencia situada en Boquerón, calle El Amparo, Catia.
Relató a la prensa que una comisión de funcionarios ingresó a la casa y ordenó al resto de los parientes de Castro Castro, retirarse de la vivienda.
Desde afuera escucharon dos detonaciones por arma de fuego. Castro Castro recibió dos tiros, uno en el tórax , el otro en la región intercostal izquierda. «A mi hijo lo sacaron muerto, pero dijeron en el hospital que estaba herido, pero había muerto en el trayecto», dijo la madre este jueves en las afueras de la morgue de Bello Monte, mientras realizaba los trámites para el retiro del cadáver.
José Castro Castro -el mayor de cuatro hermanos-, vendía plátanos en Quinta Crespo y residía en el urbanismo Misión Vivienda Ciudad Caribia «pero esa noche decidió dormir en casa de su padre, y me lo mataron. Le pusieron que era miembro de la banda del Koki, ahora todo el que matan es malandro , ¿entonces cuántos hombres conforman esa banda?», cuestionó.
Versión policial
A través de su cuenta en la red social de Instagram @douglasricovzla, el comisario general Douglas Rico, director nacional del Cicpc, destacó que Javier José Castro Casto era miembro de la banda del Koki y murió al enfrentarse a comisiones policiales.
«Una comisión de la División de Investigaciones Contra Robos, se trasladó hasta el sector boquerón, parroquia Sucre, municipio Libertador, Caracas, para dar con la captura de Javier José Castro Castro (19), apodado Gorilin, integrante de las bandas delictivas del Mayeya y el Koki, que mantenían en constante zozobra a las parroquias La Vega, El Paraíso, San Juan y Santa Rosalía por los múltiples delitos que cometerían»escribió el comisario en su cuenta.
Agregó «Gorilin, al notar la presencia policial, desenfundó un arma de fuego y disparó contra la comisión para evitar ser detenido, por lo que se originó un intercambio de disparos en el que resultó lesionado y llevado hasta el Hospital Doctor Miguel Pérez Carreño, donde falleció al ser atendido por los galenos».
Finalmente dijo «En el sitio de la resistencia, se efectuó la inspección técnica correspondiente y se colectó un revolver Smith & wesson, calibre 38, la cual se encontraba solicitada y fue utilizada por el delincuente para enfrentarse a los pesquisas».
Denuncias
En las afueras del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses de Bello Monte, a la fecha se han contabilizado al menos catorce denuncias sobre «ejecuciones extrajudiciales a manos del Cicpc», según monitoreo de prensa.
Familiares de las personas abatidas en «presuntos enfrentamientos», señalan que los policías irrumpen en las viviendas sin órdenes judiciales.
Así lo hicieron saber, parientes de Antonio José Amundarain Alcalá (17) ; Wilson Manuel Campos (24); Carlos Rafael Velásquez (21); Gabriel Alejandro Álvarez Martínez (19); Manuel Antonio Marrero Marrero (27), Alfredo Burguilla (29); Javier José Castro Castro(19) Kelvis José Blanco Martínez(35); Jairo Martínez Pérez; Luis Fernando Mendoza Córdova (26); Yhilmer José Tovar González (29); Manuel Antonio Marrero Marrero (27) Alfredo Burguilla (29) y Erick Argenis Croker Sarmiento, todos abatidos por el Cicpc en diferentes zonas de Caracas.
De los catorce casos reseñados por la prensa, el comisario general Douglas Rico ha mencionado a siete de ellos, en su cuenta de IG @douglasricovzla.
Todos los delincuentes ultimados tenían antecedentes y solicitudes por tribunales de Control del Área Metropolitana de Caracas, y vinculados a la banda delictiva con base en la Cota 905. Entre los casos se envistan: Erick Argenis Croker Sarmiento; Manuel Antonio Marrero Marrero; Yhilmer José Tovar González; Luis Fernando Mendoza; Jairo Martínez Pérez; Kelvis José Blanco Martínez y Javier José Castro Castro.
Sin embargo familiares cuestionaron sus declaraciones e indicaron que en la mayoría de los casos «los funcionarios ingresar a las casas y se llevan todas las pertenencias del difunto, mercado, artículos de higiene, teléfonos, equipos de sonido y computación, entre otras cosas de valor».