Gobierno y sector privado establecen alianza para reducir la deuda quirúrgica nacional con el «Plan por la Salud 2026»

os representantes del sector privado manifestaron su compromiso de colaborar en este esquema de atención, el cual se proyecta como uno de los ejes centrales de la política de bienestar social para el año 2026, bajo la premisa de eliminar las barreras entre lo público y lo privado en casos de emergencia y alta complejidad médica

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En el marco del despliegue del Plan por la Salud y la Vida 2026, autoridades del Ejecutivo nacional y representantes del sector salud privado sostuvieron un encuentro de trabajo con el objetivo de establecer una alianza estratégica de corresponsabilidad. La iniciativa busca integrar las capacidades instaladas de las clínicas privadas para fortalecer el sistema público y agilizar la atención de los ciudadanos.

La reunión contó con la participación de la ministra del Poder Popular para la Salud, Magaly Gutiérrez; el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Venezuela, Dr. Armando de Negri, y el vicepresidente de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales, Dr. Herman Sholth, junto a diversos líderes de instituciones privadas.

Fondo Social para la deuda quirúrgico

Siguiendo las instrucciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se ha oficializado la creación de un nuevo Fondo Social. Este instrumento financiero está diseñado para garantizar los recursos necesarios que permitan saldar la «deuda quirúrgica nacional» de manera eficiente, utilizando la infraestructura del sector privado para procedimientos que el sistema público no pueda absorber de forma inmediata.

La misión de este fondo es priorizar la intervención en áreas críticas que presentan mayor demanda:

  • Cardiología
  • Neurocirugía
  • Traumatología
  • Oftalmología

Durante el encuentro, las autoridades enfatizaron que esta unión de voluntades busca vencer las restricciones económicas que han afectado al sector en años recientes. El acuerdo establece un modelo de gestión donde el sector privado pone a disposición sus equipos y especialistas, mientras que el Estado, a través del Fondo Social, supervisa y financia los procedimientos para asegurar el acceso a la salud de la población.

Los representantes del sector privado manifestaron su compromiso de colaborar en este esquema de atención, el cual se proyecta como uno de los ejes centrales de la política de bienestar social para el año 2026, bajo la premisa de eliminar las barreras entre lo público y lo privado en casos de emergencia y alta complejidad médica.

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