La Casa Blanca determinó que su adquisición violaba las sanciones estadounidenses y otras causas penales
Estados Unidos confiscó este lunes en la República Dominicana el avión oficial del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con base en las sanciones estadounidenses que pesan sobre Venezuela, informó en exclusiva CNN.
Según explicaron dos funcionarios estadounidenses a la cadena, Estados Unidos trasladó el avión a Florida este lunes.
«Incautar el avión del jefe de Estado extranjero es algo inaudito en asuntos penales. Estamos enviando un mensaje claro aquí de que nadie está por encima de la ley, nadie está por encima del alcance de las sanciones estadounidenses», indicó uno de los funcionarios a CNN.
Todavía no hay confirmación oficial sobre lo sucedido, un presunto decomiso que se dio después de que EEUU determinara que la adquisición de la aeronave «violaba las sanciones estadounidenses, entre otras cuestiones penales», apunta la cadena de televisión, reseña la agencia EFE.
El avión, cuyo costo se estima en alrededor de 13 millones de dólares, había estado en la República Dominicana en los últimos meses.
Los funcionarios estadounidenses no revelaron por qué, pero se presentó «una oportunidad» para confiscar la aeronave en una operación en la que estuvieron involucradas varias agencias federales, que trabajaron «en estrecha colaboración con la República Dominicana, que notificó a Venezuela sobre la incautación».
Los funcionarios describieron el avión como el equivalente venezolano al Air Force One y aseguraron que con este decomiso se pretende enviar «un mensaje a los más altos mandos» del Gobierno venezolano. El vehículo aéreo ha sido fotografiado en varias visitas de Estado de Maduro alrededor del mundo.
Durante años el Gobierno estadounidense ha confiscado docenas de vehículos de lujo, entre otros activos, que se dirigían a Venezuela, pero nunca un vehículo de tanta relevancia y simbolismo.
El pasado mes de abril, Estados Unidos revirtió parcialmente el alivio de sanciones sobre el petróleo y gas venezolano, al acusar a Maduro, de incumplir sus compromisos electorales con la inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado.
Desde las elecciones venezolanas del pasado 28 de julio, Estados Unidos ha sido muy crítico con el Gobierno de Maduro.
La semana pasada, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, afirmó que la continua negativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) a defender los estándares internacionales y venezolanos de transparencia es una «violación inaceptable» de las leyes del país.
Su declaración, difundida tras haberse cumplido un mes de los comicios del 28 de julio en Venezuela, criticó igualmente el intento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de silenciar las voces de los votantes ratificando el anuncio infundado del CNE de una victoria de Maduro.
Como respuesta, el Gobierno de Venezuela aseguró que «no debe explicaciones» a Estados Unidos sobre la reelección de Nicolás Maduro.
A juicio de Venezuela, el Departamento de Estado de EEUU «insiste en su despreciable posición de meterse en asuntos que no son de su incumbencia», apuntó el canciller, Yván Gil.
