Durante el balance de los primeros 100 días del Programa por la Convivencia Democrática y la Paz, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció medidas contundentes para transformar el aparato de justicia en Venezuela. La mandataria denunció irregularidades graves por parte de algunos funcionarios y solicitó la integración del programa en un nuevo capítulo dedicado exclusivamente a la justicia.
Rodríguez reveló haber recibido reportes sobre jueces que estarían solicitando pagos a cambio de beneficios legales. «Tengo información, y he pedido actuación, por aquellos jueces que se atreven a cobrar por la amnistía; eso debe cesar», sentenció, subrayando que tales prácticas no serán toleradas en la nueva etapa institucional.
Hacia un nuevo Sistema de Justicia Penal
La mandataria informó que ya ha solicitado formalmente ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un «reformateo» profundo de las estructuras judiciales. Entre los puntos clave de su intervención destacan:
• Consulta Nacional: El llamado a una Gran Consulta Nacional para diseñar y establecer un nuevo Sistema de Justicia Penal que responda a las necesidades actuales del país.
• Doctrina de Diversidad: Rodríguez emplazó a la Sala Constitucional del TSJ a elaborar una doctrina que reconozca la diversidad como un derecho humano fundamental.
• Ámbito Político: Aseguró que el concepto de diversidad no debe limitarse a lo social, sino que debe aplicarse plenamente al ejercicio de la política en la nación.
«Vamos para allá y yo quiero que este Programa se integre plenamente en ese capítulo de la justicia», afirmó la presidenta encargada, vinculando la convivencia democrática con la transparencia y el respeto a los derechos humanos dentro de los tribunales.
Este anuncio se suma a las recientes propuestas de reforma legislativa y acuerdos de cooperación internacional que han marcado la agenda del Ejecutivo durante este mes de mayo de 2026.
