El subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, explicó que 15 de los 55 deportados fueron expulsados por órdenes judiciales, entre ellas condenas por tráfico de migrantes, y que el resto fue por procesos administrativos
La oposición de Venezuela pidió este martes a Chile derogar la ley de migración que avala las deportaciones de sus nacionales, luego de que el país suramericano expulsara el domingo a 55 venezolanos que entraron ilegalmente por la frontera norte.
«Nuestro llamado respetuoso es a que se derogue este plan de deportación y se entienda el sufrimiento que vive nuestro pueblo. Los venezolanos no son migrantes comunes, son refugiados, que huyen de un país devastado y buscan refugio del hambre y la represión que significa (Nicolás) Maduro», dijo el opositor Julio Borges, un estrecho colaborador del líder Juan Guaidó, en Twitter.
Él también indicó que la expulsión de estos venezolanos «incumple el principio de no devolución» y los «acuerdos internacionales de protección a refugiados, pues los devuelve a un país donde no existe el respeto a los derechos humanos y desde donde salieron huyendo de una dictadura».
Borges dijo igualmente que, el vuelo en el que fueron deportados estos 55 venezolanos «es el primero de 15» programados por el Gobierno de Chile «para expulsar a 1800 extranjeros, en su mayoría venezolanos».
Agregó, en ese sentido, que este plan «contempla una inyección de recursos» que, aseguró, si se invirtieran para regularizar a los migrantes «generarían mayores beneficios».
El pasado domingo, el subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, explicó que 15 de los 55 deportados fueron expulsados por órdenes judiciales, entre ellas condenas por tráfico de migrantes, y que el resto fue por procesos administrativos.
El vuelo, el primero de este tipo en una aerolínea comercial, salió de la ciudad norteña de Iquique, cerca de la frontera con Perú y Bolivia, y aterrizó en Caracas.
Pese a las extremas temperaturas y a la pandemia de la covid-19, esta parte de la frontera de Chile se ha convertido en los últimos meses en ruta para que extranjeros lleguen al país de manera irregular.
La nueva ley, ingresada en 2013 en el Parlamento por el actual presidente durante su primer mandato (2010-2014), busca facilitar las deportaciones y exige obtener un visado en el país de origen con el fin de evitar que extranjeros ingresen en calidad de turistas y cambien su calidad migratoria para buscar trabajo.